Cigarrillo electrónico: sorpresa por una encuesta oficial para saber qué opina la gente

Las consultas públicas son un mecanismo cada vez más común en algunos países para avanzar en políticas de regulación sanitaria. Sin embargo, bajo el formato digital la vulnerabilidad a la interferencia automatizada no sólo crece, sino que sigue sin estar adecuadamente documentada. Ahora, una investigación de la Unidad de Políticas de Salud Global de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Edimburgo, en Reino Unido, sobre el vapeo y el cigarrillo electrónico, puso en evidencia la cuestión.

El trabajo, que se acaba de publicar en el British Medical Journal (BMJ), examinó puntualmente la actividad de los bots en una consulta que realizó el gobierno británico en 2023, previo a una ley que se terminó de aprobar en 2026, hace pocos meses. Buscaban saber qué opinaba la gente sobre la creación de una generación libre de humo y la lucha contra el vapeo juvenil. Entre otras cosas, el objetivo era restringir el consumo de tabaco y los vapeadores desechables, es decir, los que sirven para un único uso. Los resultados del sondeo provocaron sorpresa.

De las 118.756 respuestas recibidas, el Departamento de Salud y Asistencia Social (DHSC) del Reino Unido identificó 90.835 (76 por ciento) como fraudulentas mediante métodos de detección de bots. Todas las respuestas generadas por bots consistían únicamente en selecciones de opción múltiple; 90.833 se centraban en una sola pregunta: la que se oponía a las restricciones propuestas sobre la venta de cigarrillos electrónicos desechables, y el mismo número -coincidentemente- declaró haberse enterado de la consulta a través de las redes sociales.

En su gran mayoría, los bots se centraron en oponerse a las restricciones a la venta de cigarrillos electrónicos desechables. Tras excluir las respuestas de los bots, el 79,6% de los encuestados ya considerados válidos apoyaba en cambio esas restricciones, lo contrario de lo que habría indicado el conjunto de datos sin filtrar. Este parece ser el primer caso documentado de interferencia automatizada a gran escala en una consulta formal sobre políticas de salud pública.

“La magnitud y la coherencia direccional de las respuestas de los bots sugieren una campaña coordinada, en consonancia con la evidencia previa de los esfuerzos de la industria tabacalera por manipular las consultas públicas mediante el envío masivo y coordinado de solicitudes”, dice la investigación publicada en el BMJ.

Como parte del proceso previo a la Ley, y tras la publicación del proyecto original, se llevó a cabo la consulta pública en octubre de 2023, de acuerdo con los requisitos regulatorios del Reino Unido, cuya respuesta gubernamental se publicó a principios de 2024. Allí comenzaron a surgir los datos que ahora fueron sistematizados en la investigación del BMJ. 

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La situación en Argentina

En mayo pasado, tras más de 15 años de un enfoque prohibicionista, el Gobierno argentino decidió regular el cigarrillo electrónico y los productos de nicotina, con el objetivo de "dejar de mirar para otro lado" y ordenar un mercado que hasta entonces operaba, pero en la informalidad.

La decisión, coordinada entre los ministerios de Economía y Salud, la ANMAT y la Jefatura de Gabinete, apuntó a regular tres grandes categorías: los vapeadores, el tabaco calentado y las bolsitas de nicotina (pouches). El diagnóstico oficial fue que el esquema restrictivo vigente no lograba frenar el consumo; por el contrario, lo empujaba a la ilegalidad y eliminaba cualquier tipo de trazabilidad sobre lo que contienen los productos, además de favorecer el contrabando.

Hasta ese momento, dichos productos se venían consumiendo de manera masiva pero sin que el Estado tuviera herramientas para fiscalizar o sancionar. "El peor escenario es el actual: consumo masivo en un mercado completamente en negro", señalaron entonces desde el Gobierno. Con la nueva normativa, se estableció un “registro obligatorio” para que no pueda comercializarse ningún producto que no esté inscripto.

Sin embargo, desde el sector médico se criticó la medida -que luego generó restricciones al vapeo en lugares públicos- por considerar que la legalización del cigarrillo electrónico significa una nueva puerta de entrada al consumo de nicotina, producto que genera adicción y por lo tanto, tal como ya fue comprobado por investigaciones científicas, hace que los consumidores quieran usarlo cada vez más.

Fuente: Clarín.