En el marco de la reducción de subsidios a empresas de transporte público con la eliminación del Fondo Compensador del Interior, anunciada por el Gobierno nacional, varios municipios se vieron afectados. Uno de ellos es San Francisco, en Córdoba, cuyo intendente adelantó que evalúa rescindir el contrato con la empresa que presta el servicio de colectivos en la localidad. Damián Bernarte, titular del Ejecutivo municipal sanfrancisqueño, subrayó que para su gestión "afrontar el costo del subsidio que recibíamos de la Nación sería imposible, no lo teníamos ni siquiera previsto como partida presupuestaria". "En el caso de nuestra ciudad, el transporte público debería ser levantado", sentenció en declaraciones a C5N.
"El valor del boleto, al igual que en Córdoba capital, rondaría entre los $1.000 y $1.100 sin subsidio. En nuestra ciudad es utilizado esencialmente por los estudiantes para llegar hasta los establecimientos educativos y a sus domicilios. Hemos tenido casi 135 mil boletos de estudiantes durante el ciclo lectivo 2023", detalló. "Seguramente estaremos reunidos con el resto de los intendentes y el gobernador. Al día de hoy, si tuviéramos que tomar una decisión, deberíamos rescindir el contrato con la empresa de colectivos y dejar de prestar el servicio de transporte público de pasajeros en San Francisco", enfatizó Bernarte. En cuanto a la composición del canon que se abona a la empresa, "en nuestro caso la incidencia de la Nación es del 40% del canon mensual que debemos abonar. El 42% lo aporta la provincia y poco menos del 20% la municipalidad". "Nosotros abonamos a la empresa un canon mensual que en diciembre era de alrededor $19.400.000, una cifra imposible de sostener si tuviéramos que aportar $10 millones, solo manteniendo los subsidios provinciales se nos haría imposible afrontarla", planteó el intendente.
El jefe comunal insistió en que "no vamos a poder pagar y vamos a tener que sentarnos a hablar sobre una rescisión contractual. No vamos a meter a la municipalidad en un juicio, trataremos de rescindir de manera acordada con la empresa. Es la decisión política al día de la fecha, no obstante apelamos a la racionalidad y a la posibilidad de retomar el diálogo y encontrar una solución que no afecte a los vecinos de a pie, a los estudiantes, a quienes van a trabajar, a quienes desde los barrios llegan al centro comercial y de servicios".
Fuente: Ámbito.
