De qué se trata el proyecto de Divorcio Express para evitar ir a la Justicia

En medio de su plan para desburocratizar el Estado, el gobierno de Javier Milei envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para facilitar el trámite de divorcio. La propuesta busca que se pueda dar fin a un matrimonio sin la obligación de pasar por la Justicia. En su lugar, establece que ese proceso se lleve adelante por vía administrativa, siempre que cuente con la aprobación de ambos cónyuges.

En simultáneo a la Ley Hojarascas, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentó este lunes en las redes sociales la iniciativa para "habilitar el divorcio simplificado". "Para los divorcios no contenciosos el proyecto busca habilitar una solución barata y eficiente con un procedimiento tan sencillo como el casamiento", señaló el funcionario en su cuenta de X.

"El proyecto que se impulsa pretende cubrir un faltante, el divorcio en sede administrativa permite a los cónyuges terminar su vínculo matrimonial de la misma manera que lo iniciaron: de mutuo acuerdo y ante el oficial público encargado del Registro Civil y Capacidad de las personas, con un simple trámite administrativo", dice el proyecto en sus fundamentos.

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En el texto, que lleva la firma del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el presidente, se pone como ejemplo a Brasil, México, Colombia, Ecuador, Bolivia, Rumania, Italia y Japón, entre otros países en los que ya existe el sistema de divorcio administrativo.

También se destaca que esta modalidad de divorcio es "más simple, más rápida y más económica”. Para establecer esta figura se busca modificar el artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación. En la actualidad, entre las dos causales para poner fin a un matrimonio está la de "muerte de uno de los cónyuges", "sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento" y "divorcio declarado judicialmente". La iniciativa que impulsa Sturzenegger agrega el "divorcio en sede administrativa, equiparado en cuanto a sus efectos con el declarado en sede judicial”. “Los divorcios judiciales demandan tiempo y dinero. Conlleva el gasto de sumas de dinero sustanciales por el costo del proceso y todo lo que ello implica. Además, el tiempo que insume el referido proceso implica para las partes que durante ese período de tiempo no podrán disponer de algunos de sus bienes con entera libertad. Sumado a ello, los divorcios judiciales generan un incremento del número de causas en el sistema judicial”, señala el proyecto.

Fuente: BAE Negocios.