Suiza vota para limitar su población para intentar frenar el flujo de inmigrantes

Los defensores de la medida afirman que la inmigración masiva satura la infraestructura, las viviendas, los programas sociales y los recursos naturales de Suiza. En contraste, el gobierno, el Parlamento y los gremios empresariales la rechazan rotundamente por considerarla una herida autoinfligida que frenará la llegada de mano de obra calificada indispensable para sectores estratégicos. Mientras la derecha vincula la apertura de fronteras con el aumento de la criminalidad, los datos oficiales muestran que desde 2002 la población creció un 23% a la par de un incremento económico del 24%.

De aprobarse la ley, el Ejecutivo deberá fijar restricciones al asilo y permisos de residencia al alcanzar los 9,5 millones de habitantes. Si se llega al tope de 10 millones y la población no disminuye en dos años, Suiza se verá obligada a romper el acuerdo de libre circulación firmado con la UE en 1999. Aunque los expertos ven efectos limitados a corto plazo, advierten que rescindir este pacto dañaría los lazos con Bruselas, su principal socio comercial, y sembrará una enorme incertidumbre para las inversiones extranjeras.

El rápido crecimiento demográfico responde al atractivo de Suiza, cuyos altos salarios y baja carga impositiva captan empresas y profesionales extranjeros. El partido SVP canalizó el descontento social argumentando el colapso de los servicios públicos y del mercado inmobiliario debido a esta ola migratoria. Para que la polémica reforma entre en vigor, la constitución suiza exige que gane por doble mayoría: el voto de los ciudadanos y el respaldo de la mayoría de los cantones.