Provincia y gremios estatales postergan paritarias hasta octubre

El Senado argentino ha rechazado el Decreto de Necesidad y Urgencia propuesto por el presidente Javier Milei, generando incertidumbre sobre su votación en Diputados. A pesar de los esfuerzos por despejar dudas sobre posibles tensiones internas, la gestión gubernamental no logra generar un consenso con el resto del arco político, y marca un punto de inflexión en la dinámica política del país.

En el complicado entramado político argentino, Javier Milei busca superar obstáculos legislativos con la implementación de decretos, revelando tensiones en el Congreso. Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, descarta negociaciones inmediatas con el FMI, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, advierte sobre posibles consecuencias económicas. En paralelo, la caída del dólar blue y la estabilidad de la criptomoneda añaden elementos a la compleja realidad financiera del país. Un panorama desafiante que cuestiona las estrategias gubernamentales de Milei y su capacidad de navegación en aguas turbulentas.

Oscar Zago confirmó que la nueva Ley Ómnibus ingresará la próxima semana al Congreso. Además, se defendió de las críticas de la oposición: "No somos un desastre", dijo.

El ministro de Infraestructura, Guillermo Francos, adelantó que la idea de Milei es "comunicarle al pueblo lo que vino haciendo hasta ahora, los resultados y las perspectivas".

El bloque oficialista cuenta con los votos asegurados para la aprobación en general, aunque hay artículos particulares que tiene menos apoyos.

El Gobierno de Javier Milei enfrenta una derrota política al retirar la Ley Ómnibus del Congreso, evitando una votación desfavorable en el capítulo de privatizaciones. Este hecho histórico genera tensiones internas en La Libertad Avanza y críticas a los gobernadores aliados. Mientras el presidente arremete desde Israel con insultos y amenazas, la eliminación de subsidios al transporte en provincias, liberando precios y eliminando el Fondo Compensador del Interior, impacta en ciudades como Córdoba y Santa Fe. Las empresas fijarán libremente tarifas, afectando a millones de usuarios, y los intendentes anticipan revisión y medidas judiciales. La retirada de la ley marca un nuevo escenario político y profundiza divisiones en el Congreso y desafíos cruciales para el Gobierno y sus aliados.