Adopción: la gratuidad del proceso no está garantizada en todo el país

Uno de los momentos más esperados por las familias adoptivas y sus hijos e hijas es la llegada del nuevo DNI que garantiza el derecho a la identidad, algo que, no obstante, puede verse empañado por el costo económico que en algunas jurisdicciones tiene la última etapa del proceso de adopción, ya que la gratuidad total está garantizada en muy pocos lugares del país. Si bien todos los trámites de inscripción en los registros de postulantes a adopción, así como la primera etapa de vinculación y guarda preadoptiva, son totalmente gratuitos y no requieren patrocinio letrado, cuando llega la instancia del juicio sí se hace necesario un abogado.

Los honorarios varían en cada jurisdicción provincial y la ciudad de Buenos Aires, con gastos que pueden ir de $160.000 a más de un millón de pesos. Muy pocas provincias tienen normas que garantizan el 100% la gratuidad del proceso de adopción. Un ejemplo es Río Negro, donde a través de un criterio adoptado por el Ministerio Público de la Defensa se puede solicitar patrocinio público. Es un tema que preocupa a muchas familias que se encuentran en procesos adoptivos o que están inscriptas en los registros, por eso, para el colectivo #MilitamosAdopción lograr una ley nacional de gratuidad en el proceso completo y con aplicación en todo el territorio es un tema central de su agenda 2024.

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Daniela Blasco, abogada e integrante de ese colectivo, y mamá de una adolescente por adopción, explica que “las familias tienen un gasto grande que implica adaptar la casa, comprar muebles, ropa nueva para los niños o sumar prestaciones médicas” y que “el esfuerzo debe estar puesto ahí, y no en la preocupación de cómo pagar el juicio de adopción”. Blasco señala que “para muchas familias el juicio es muy caro y para acceder a un patrocinio gratuito en muchas jurisdicciones tenés que demostrar prácticamente que sos indigente”.

A nivel nacional, hay un proyecto en la Cámara de Diputados, impulsado por la legisladora Soledad Carrizo (UCR), que propone modificar el artículo 595 del Código Civil y Comercial de la Nación, incorporando “la gratuidad de todas las actuaciones administrativas, extrajudiciales o judiciales necesarias para la adopción en cualquiera de sus instancias”, sin importar la situación patrimonial de las personas. La iniciativa fue presentada en 2022 y se volvió a repetir en 2023, con la firma de Alberto Asseff (PRO), Gabriela Lena (UCR), Karina Banfi (UCR), Carla Carrizo (Evolución Radical), Lidia Ascárate (UCR), Ximena García (UCR) y Leandro Santoro (Frente de Todos).

Fue girado a una única comisión, la de Legislación General, y es el único con estado parlamentario vinculado específicamente a gratuidad, si bien hay varios sobre modificación del régimen de adopción o alcances, entre otros aspectos. Por eso, la idea es que la comisión arme una subcomisión de asesores para trabajar todos estos temas de forma conjunta.

Fuente: Télam.