El Gobierno evalúa avanzar en un proyecto para autorizar a hospitales públicos a cobrar la atención a extranjeros sin residencia en el país. La iniciativa del Ministerio de Salud, que preside Mario Russo, podría desembarcar en el Congreso en el corto plazo y representaría un alivio en la carga económica en los sistemas de salud provinciales. Algunas ya implementaron este cambio: Salta, Santa Cruz y Mendoza aplican un cobro diferencial a extranjeros para ser atendidos en hospitales públicos. Con este proyecto el oficialismo busca adelantarse en la discusión antes de que la impulsen otros sectores. La propuesta forma parte del “reordenamiento del sistema” nacional y la redefinición de competencias con las provincias que lleva adelante Russo.
Es que, según el diagnóstico de la actual administración sobre el sistema de salud, los gastos del Estado en la asistencia de personas no residentes contribuyen al enorme "despilfarro" en la cartera que afecta a un sistema que "está quebrado", dijo Russo en recientes declaraciones. Por eso el Gobierno plantea la necesidad de mayor gestión privada y más desregulaciones, una metodología a aplicar en todo el Estado. Así, el Ministerio de Salud avanza en ese plan de refundación, analizando el proyecto de ley y otras medidas para cobrar la atención de salud a ciudadanos extranjeros sin residencia, además de limitar la compra de ciertos medicamentos de alto costo.
Recientemente Mendoza se sumó a Salta y Santa Cruz en el cobro diferencial a extranjeros para ser atendidos en hospitales públicos. Corrientes, Entre Ríos, Neuquén y Córdoba planean implementar medidas similares y algunas ya enviaron proyectos a sus respectivas legislaturas. Salta dio el puntapié inicial del arancelamiento de la salud pública a extranjeros, con resultados económicos positivos, ya que, como consecuencia, en el acto disminuyó en un 95% la atención de pacientes que cruzaban la frontera para aprovechar que era gratuita.
En el caso de Santa Cruz, la medida fue adoptada en abril de este año, y se espera que alivie el déficit financiero. El titular del Ministerio de Salud y Ambiente provincial, Ariel Varela, dijo que el sistema sanitario local está pasando "por un déficit enorme en lo económico", y detalló que alrededor de "1800 personas extranjeras se atienden mensualmente en todos los hospitales de la provincia". Por su parte, Mendozanes una de las regiones que recibe un gran número de ciudadanos provenientes de Chile para atenderse en hospitales públicos, por los previos más bajos en relación con los del mencionado país. Con la medida, el número se redujo de 3.000 pacientes extranjeros por mes a 60.
En la provincia cuyana por ejemplo, una atención en la guardia costará $13.000, mientras que un día de internación en terapia intensiva sin intervención quirúrgica ascenderá a $400.000. En Jujuy, en tanto, está vigente desde 2019 la Ley 6116, que establece el Sistema Provincial de Seguro de Salud para Extranjeros. Esto permite cobrarle la atención en hospitales públicos a los no residentes en la provincia. Sin embargo, no se había aplicado y con el caso salteño se reavivó el debate.
Fruto de los recortes presupuestarios para las provincias, el cobro a extranjeros fue una respuesta en Salta a la necesidad de controlar los recursos. Políticamente, también surgió ante el reclamo de un sector de la sociedad salteña por el caso de Alejandro Benítez, un docente salteño que murió en Bolivia en 2022 por falta de atención médica. Argentina y Bolivia tienen firmados convenios para la atención gratuita en ambos países, aunque siempre fue cuestionado ante la cantidad de denuncias de argentinos que no recibían atención en el país vecino.
A principios de marzo, el gobierno de Salta emitió un decreto de Necesidad y Urgencia para cobrar los servicios médicos a extranjeros que no residen en Argentina, una medida que posteriormente fue respaldada por una ley. En el debate, los principales argumentos a favor del cobro se dan por la sostenibilidad del sistema de salud, recuperando los costos ante los recursos limitados; y la igualdad, ante la obligación de pagar impuestos por parte de los ciudadanos; los extranjeros, al no pagar impuestos, deberían pagar por los servicios sanitarios. Los argumentos opositores al cobro se sostienen desde que la salud es un derecho fundamental y que todos, independientemente de su nacionalidad, deberían tener acceso a la atención médica sin barreras económicas.
Fuente: BAE Negocios.
