El Senado Nacional confirmó la vigencia de la ley de emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026. La normativa, de orden público, busca proteger a las personas con discapacidad y garantizar que los servicios esenciales sigan funcionando con normalidad.
La ley establece que las pensiones no contributivas equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio y permite a quienes reciben el beneficio trabajar siempre que no superen el doble del salario mínimo. Además, se actualizarán las prestaciones para compensar la brecha entre los valores actuales y la inflación acumulada desde 2023, con revisiones periódicas basadas en los índices oficiales del INDEC.
La norma ordena saldar las deudas pendientes con los prestadores de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas. Para garantizar la continuidad de los servicios, el Poder Ejecutivo Nacional financiará una compensación de emergencia con recursos del Tesoro.
La Agencia Nacional de Discapacidad deberá realizar auditorías para evaluar a los beneficiarios de manera justa y transparente. El proceso asegurará notificaciones fehacientes, debido proceso inclusivo y acceso claro a la información, buscando un equilibrio entre control y protección de los derechos de las personas con discapacidad.
La ley también promueve la contratación de personas con discapacidad. Las empresas que incorporen trabajadores con certificados por tiempo indeterminado estarán exentas del 50% de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones durante tres años, impulsando la integración laboral de este sector de la población.
Fuente: BAE Negocios.
