Oficialismo y oposición tendrán 30 días hábiles para elaborar un nuevo dictamen para una ley que busca mejorar las condiciones para los inquilinos.
Política 04 de abril de 2022
El incremento de los precios de los alquileres que supera ampliamente la inflación, la falta de inscripción en el registro abierto por la AFIP para formalizar los contratos y el deterioro en el poder adquisitivo aceleró los tiempos para el debate de una nueva Ley de Alquileres que comenzará a discutirse esta semana en la Cámara de Diputados. La discusión formal para modificar la actual normativa comenzará el martes a las 15 en el marco de la comisión de Legislación General que estableció un período de 30 días hábiles para lograr un dictamen mayoritario entre las principales fuerzas políticas.
También se determinó que la discusión se lleve adelante solo en la comisión de Legislación General, como pidió Juntos por el Cambio, lo que de algún modo deja de lado la posibilidad de que se incluya la creación de un impuesto a la vivienda ociosa, como propone el legislador del FdT y exgobernador de San Juan José Luis Gioja. La diputada Marcela Passo (FdT) dijo a Télam que "la Ley de alquileres vigente lamentablemente fracasó, perjudicando a sus principales actores, tanto inquilinos como propietarios".
El proyecto impulsado por el Frente de Todos, con la firma del sanjuanino José Luis Gioja como principal impulsor, contempla menores requisitos para los monotributistas inquilinos así como beneficios para locadores y topes para los aumentos de los contratos. La iniciativa impulsada por Gioja propone además que el precio inicial del alquiler de inmuebles destinados a vivienda tendrá un tope del 20% adicional al que corresponde con el ajuste anual y un 10% en el caso de la renovación de los contratos.
El proyecto busca modificar la ley impulsada en 2019 por Cambiemos -sancionada en 2020- que cambió aspectos esenciales del contrato de locación de inmuebles, y que generó el rechazo tanto de inquilinos como de propietarios. Entre las modificaciones, esa ley estableció que los contratos de alquileres son de tres años -en lugar de dos años como en la ley anterior- y la actualización anual de los valores a través de un índice (ICL) que publica el Banco Central y que combina la evolución de la inflación y los salarios en partes iguales.
La iniciativa busca beneficiar a las personas registradas en el Régimen del Monotributo y plantea que, los que otorguen seguros de caución deberán aceptar tomadores de seguros que estén inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes (Monotributo). De esta manera, no podrán requerirles más que la constancia de inscripción y comprobantes de pago de los últimos seis meses, ni podrán cobrarles más que a tomadores que fuesen empleados en relación de dependencia, según el texto.
Para atender la falta de oferta habitacional con destino al alquiler, Gioja propone que el Consejo Nacional de la Vivienda arbitre los mecanismos para diseñar y formular un plan para la construcción y adquisición de inmuebles por el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinados a la gestión pública de alquileres sociales. Establece además la necesidad de elaborar un proyecto de ley para gravar en provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles que podrían destinarse a la vivienda, y que se encuentran deshabitados.
Entre otras cuestiones, el proyecto establece que las sumas que los locadores facturen en concepto de alquileres podrán deducirse de los ingresos brutos anuales del régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Asimismo, plantea que los bienes inmuebles locados y registrados estarán exentos del impuesto sobre los bienes personales por cada año y periodo fiscal en el que estuvieran registrados los respectivos contratos.
Fuente: BAE Negocios.
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