La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada por 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. La iniciativa impulsada por el Gobierno avanzó con el respaldo del oficialismo y sus aliados, en una votación ajustada que expuso diferencias con la oposición sobre el alcance del derecho de propiedad y las facultades del Estado.
El debate se concentró en las modificaciones al régimen de expropiaciones y desalojos, las garantías para los propietarios y los derechos de quienes enfrentan procesos judiciales vinculados con la vivienda. Mientras el oficialismo defendió la propuesta como una forma de limitar las intervenciones estatales arbitrarias, sectores opositores cuestionaron sus posibles efectos sobre los inquilinos y el interés público.
Durante la discusión, distintos legisladores cuestionaron las disposiciones vinculadas con las expropiaciones y los desalojos. El radical Martín Lousteau objetó el apartado sobre desalojos y sostuvo que la iniciativa acorta los plazos para responder demandas de ese tipo.
El diputado de Provincias Unidas Juan Brügge planteó objeciones constitucionales a los cambios sobre expropiaciones. Por su parte, Hugo Moyano cuestionó las disposiciones sobre indemnizaciones y sostuvo que encarecen las compensaciones cuando el Estado expropia bienes para realizar obras públicas, como puentes, autopistas y puertos. El alcance de estas modificaciones dependerá de la redacción definitiva de los artículos incorporados al proyecto y de su aplicación al régimen vigente.
El diputado libertario Santiago Santurio abrió el debate y sostuvo que el Estado no debe tomar bienes de manera arbitraria. También defendió la compensación por lucro cesante para las personas afectadas por una expropiación. En la misma línea, el santafesino Nicolás Mayoraz respaldó la iniciativa como una herramienta para limitar los abusos de poder y sostuvo que el Estado debe fundamentar sus decisiones cuando priva a una persona de su propiedad. La diputada oficialista Patricia Vásquez también defendió el proyecto y afirmó que busca proteger el derecho de propiedad de todos los argentinos, no solo el de los sectores de mayores recursos.
Los bloques opositores advirtieron que el proyecto podría debilitar garantías y favorecer a los grandes propietarios. La diputada de Unión por la Patria Paula Penacca cuestionó el enfoque de la iniciativa y sostuvo que favorece la especulación financiera. Moyano vinculó los cambios sobre desalojos con la crisis habitacional y señaló que las nuevas reglas podrían afectar a quienes alquilan. Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman y Romina del Plá también rechazaron la propuesta y la describieron como una defensa de los intereses de los grandes capitales.
El debate incluyó la restitución de límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, mediante la reincorporación de disposiciones de la Ley 26.737, cuya derogación había dispuesto el Gobierno a través del DNU 70/2023. Legisladores opositores, entre ellos Maximiliano Ferraro y Martín Lousteau, cuestionaron la posición del Gobierno sobre esa normativa. De este modo, la discusión sumó otro eje a la iniciativa: además de las expropiaciones y los desalojos, el proyecto aborda las reglas que regulan la propiedad de tierras rurales.
Fuente: BAE Negocios.
