Lawfare: una nueva irrupción del poder real

En un fallo nunca antes visto, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 condenó a Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta en Funciones, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa por la obra pública en Santa Cruz, caso conocido como "Vialidad", durante su mandato como presidenta de la Nación. En un simple acto, y sin si quiera presentar los fundamentos del caso, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu dieron a conocer su veredicto, al cual originalmente la fiscalía, encabezada por el polémico Diego Luciani, había pedido 12 años de prisión ya que al delito de "Administración Fraudulenta", le endilgaron el "encabezar una asociación ilícita".

Sin embargo, más allá de que el hecho revolucionó naturalmente al mundo de la Política, la sentencia no quedara firme sino hasta que se agoten todas las instancias, es decir, cuando la Corte Suprema de la Nación (Tribunal con el que el Frente de Todos mantiene otros cruces por el Consejo de la Magistratura), se haya expedido al respecto. Casualmente, el Máximo Tribunal ya le ordenó a la Justicia Civil y Comercial que evalúe los supuestos perjuicios a Vialidad Nacional, basandose en un reclamo civil que la Dirección de Vialidad había realizado a ex funcionarios del Frente para la Victoria en el año 2016. ¿Celeridad sopresiva o Relevancia Selectiva?

Pero, para la sorpresa (o no) de más de un académico, el mismo Tribunal Oral Federal 2 que condenó a la vicepresidenta, ¡absolvió al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido de todo delito!, justamente funcionario que estaba a cargo de manejar y controlar ... ¡LA OBRA PÚBLICA! En otro acto de obviedad, se lo condena únicamente al ex secretario de Obras Públicas, José López y al ex director de Vialidad Nacional Néstor Periotti a seis años de cárcel como coautores del delito, a la vez que se les dispone su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La respuesta de Cristina no se hizo esperar.

"Tal cual lo anunciamos oportunamente hace 3 años, la condena estaba escrita, no porque fuéramos clarividente ni adivinos, sino que era algo más sencillo. Si una causa en la cual un juez, el Dr. Julián Ercolini, el inefable, se había declarado incompetente luego de una denuncia de diputados de la oposición por obras en la provincia de Santa Cruz, y la enviara a Santa Cruz y, luego, 8 a 9 años después, cuando llega al gobierno Mauricio Macri la resucita por arte de magia por una denuncia de Javier Iguacel. Esta conducta fue ratificada por todas las instancias superiores, está claro que la idea era condenarme, como finalmente hoy lo hicieron", fue una de las frases más contundentes de su descargo de poco más de una hora, desde su despacho en el Senado.

Por otro lado, se refirió en estrictos términos jurídicos respecto a la carátula de su condena, la "Administración Fraudulenta", en la cuál se le aplicó el Inciso 7 del Artículo 173° del Código Penal. El Artículo reza que "... se considerarán casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece: El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos".

"Si ustedes me escucharon durante los alegatos probé, que de acuerdo a la Constitución Nacional, yo no tengo el manejo de las leyes de Presupuesto que son aprobadas por Diputados y Senadores... Quien ejecuta y administra el Presupuesto después de la reforma del año 1994, y quien tiene la responsabilidad y deber jurídico de hacerlo es la figura del Jefe de Gabinete", aclarando que en su Rol como Presidenta de la Nación, no le correspondía Administrar el Presupuesto.

"Esto es un estado paralelo o mafia judicial, y la confirmación de la existencia de un sistema paraestatal, donde se decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos, y que está por afuera de los resultados electorales"

Cristina Fernádez de Kirchner

Pasada toda inestabilidad que generó la noticia nos queda preguntarnos, de cara al 2023, que va a pasar con la posible candidatura de Cristina Fernández. Pero fue ella mismo quien se encargó de dejarlo claro, indicando que en primer lugar no va a someter a su fuerza política a la estigmatización generada por su condena.  “No voy a ser candidata. Una muy buena noticia para usted (Héctor) Magnetto (CEO principal de Clarín) ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser Vicepresidenta así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa: sí, pero mascota de usted, nunca, jamás”

Entre apoyos y descalificaciones

Si bien la cantidad de pronunciaciones a favor de la Ex Presidenta fue abrumadora, desde parte de la oposición hasta los Gobernadores, con los cuales no ha tenido la mejor relación incluso, tras la sentencia sus detractores, entre festejos y opiniones, desprestigiaron vorazmente a la mandataria.

Los dirigentes de Juntos por el Cambio en Córdoba, llegaron incluso a comparar la presunta “corrupción” de Cristina Kirchner con los niveles de pobreza existentes. “El problema no es la condena a ella. El problema son los millones de argentinos condenados a la pobreza, el desempleo y la desesperanza. Los próximos días veremos por quién pelea cada uno”, señaló Rodrigo de Loredo. Por otro lado, la Diputada nacional por el PRO, Soher El Sukaria, dijo que "...es una investigación que dio sus frutos (porque) las pruebas avalan esta condena”, en un extraño marco, donde los jueces de la causa ni si quiera dieron sus fundamentos aun.

A futuro, la pregunta clave es netamente Política: ¿Que sucedera en las Presidenciales del 2023? ¿Cristina Cumplirá con su Palabra de "No presentarse por los fueros"?. Por otro lado, el caso de la reunión en Lago Escondido podría aportar un interesante giro narrativo a este contexto. ¿La denuncia Penal del Gobierno tendrá impacto?