Desde que el 24 de diciembre del año pasado en que el entonces ministro de Salud, Ginés González García, anunció que la Argentina ya tenía comprometidas por contrato más de 50 millones de dosis de vacunas contra el Covid pasaron muchas cosas pero un hecho central está a la vista: el gobierno muestra un importante retraso en el cumplimiento de esos contratos sellados ya que hasta ahora sólo llegó el 20% de las vacunas y el estado pagó el 50% del monto global por la totalidad de las dosis acordadas. Según datos del Ministerio de Salud, hasta ahora fueron distribuidas 11.337.571 de dosis en todo el país. Esto es apenas el 20% del contrato original acordado por la Argentina con al menos cinco laboratorios y contempla hasta ahora un global de 9.082.597 de vacunas aplicadas.

La alarmante falta de cumplimiento de contratos y el retraso significativo que muestra la Argentina ante la llegada de dosis empezó a ser investigada por la Auditoría General de la Nación (AGN) con un plan de trabajo que busca poner en evidencia a los responsables locales de todo este descalabro jurídico-sanitario. Los datos oficiales de la ejecución presupuestaria del gobierno al 30 de abril muestran que sobre una previsión de 31.002.000 de dosis, fueron entregadas 11.695.690 vacunas. Y en un contrato global por las 50 millones de dosis que es de u$s 380 millones, la Argentina ya pagó u$s 189 millones. El retraso y falta de cumplimiento de contratos viene de arrastre. En diciembre del 2020 había una previsión de entrega de 600.000 dosis pero llegaron 300.000; ene enero de este año se debían entregar 4.000.000 y arribaron 520.000 vacunas; en febrero 16.980.000 dosis estaban pautadas y llegaron 2.497.500; en marzo de las 5.382.000 dosis previstas se entregaron 2.450.000 y abril fue un mes excepcional ya que de las 4.040.000 pautadas arribaron al país un poco más de lo previsto, 5.927.340 dosis. El monitoreo del Ministerio de Salud sobre el plan de vacunación detalla que la provincia de Buenos Aires es la que más dosis aplicó hasta ahora (3.429.748) y le siguen la CABA (922.149), Córdoba (786.885), Santa Fe (706.846) y Entre Ríos (253.379). El 59% de los que recibieron vacunas son mujeres y el resto hombres.

Los voceros de la ministra Carla Vizzotti consultados no quisieron dar mayores detalles de los montos pagados por el Estado hasta ahora en función a los contratos cerrados con diferentes laboratorios por 50 millones de dosis. Tampoco dieron explicaciones por el retraso que hay en el cumplimiento de los contratos más allá de los impedimentos que hay en diferentes países para la fabricación de la vacuna contra el Covid. Hasta ahora los contratos pautados por la Argentina son con los laboratorios AstraZeneca, Sinopharm, Sputnik V, Covishield y Moderna. Según el gobierno, el 19 de mayo llegarán al país 861.600 dosis de AstraZeneca por medio del acuerdo Covax que impone la OMS para los países emergentes. Sin embargo, el retraso en el cumplimiento del contrato de AstraZeneca en coordinación con el laboratorio de Hugo Sigman es el que más llama la atención. Se trata de un acuerdo por 22.4 millones de dosis que aún no llegaron. El laboratorio argentino produce el activo de este medicamento para llevarlo luego a México para su fraccionamiento, envasado y distribución. Pero diversos problemas técnicos y operativos complicaron el proceso y el contrato sigue sin cumplirse.

Alerta en la AGN

En la Auditoría General de la Nación están en alerta por las eventuales irregularidades en el plan de vacunación y por el incumplimiento de los contratos firmados por el gobierno. El titular de la AGN, Jesús Rodríguez, propuso un plan de trabajo muy extenso para llevar adelante la investigación en el Ministerio de Salud. Este plan ya fue avalado por los auditores de la oposición Miguel Pichetto y Alejandro Nievas aunque resta el aval de los auditores del peronismo que son mayoría. Sin embargo, en el repaso de los contratos y en los números de entrega de vacunas que ya se empezaron a revisar, en la AGN alertaron que hay "graves problemas de cumplimiento y un pago excesivo de parte del Estado a laboratorios que no han respondido en tiempo y forma".

Desde la AGN se cuestiona centralmente a AstraZeneca por la falta de cumplimiento y ven que el acuerdo con Sigman es bastante engorroso. En el plan de trabajo de la AGN que propuso Jesús Rodríguez, se plantea establecer si la estructura organizativa y de gestión de los contratos es adecuada para que se cumplan con los objetivos establecidos. A la vez, se busca determinar si los sistemas de información y registro brindan información oportuna, adecuada, validada y transparente. "Es necesario determinar si se cumple con los criterios de priorización de personas vacunadas por riesgos de exposición, enfermedad grave, personas mayores, personas con factores de riesgo y función estratégica", expresa el plan de trabajo. De esta manera, se avanzará en analizar el registro nominal de dosis aplicadas; evaluar el registro de dosis descartadas; observar el sistema de distribución de vacunas (presentación, almacenamiento, transporte, cadena de frio, etc.) y relevar si los centros de vacunación se encuentran en condiciones óptimas que garanticen la calidad de las vacunas en todo el proceso.

También desde la AGN quieren relevar si el almacenamiento de las vacunas cumple con los protocolos establecidos y si el sistema de gestión de residuos y disposición final es adecuado. Por otra parte, la AGN está investigando en qué medida el Ministerio de Salud observó las normas y regulaciones, las políticas, las estipulaciones acordadas en los contratos celebrados a la fecha, los cuales fueron puestos a disposición, y aquellos que, "por acciones derivadas de las tareas llevadas a cabo, se encontraran relacionados con lo estipulado en el artículo 10 de la ley 27.573, y toda aquella documentación complementaria relacionada a la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID 19". De esta manera, se busca "obtener evidencia de actos de incumplimiento de la entidad, como pueden ser las desviaciones o hallazgos que se hayan identificado en auditorías previas". En ello se tendrá en cuenta las peticiones encomendadas por los organismos de financiación o fuentes de recursos financieros.

Fuente: El Cronista.