Los avatares de la judicialización de la política

Días agitados para el oficialismo nacional, debido al impacto que tienen las ultimas declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner en el marco del primer juicio contra la Ex Presidenta que llega a una instancia de juicio oral y público, desde el año 2007. Entre acusaciones cruzadas, y voces disonantes, desde el FDT denuncian una persecusión judicial y mediática, bajo una vieja estrategia de judicialización de decisiones políticas conocida como "Lawfare". Pero, para comprender un poco más al respecto, veamos en concreto ¿De qué se acusa de Cristina Fernández?.

Contexto. La causa se inició en 2016, con la conocida investigación a Lázaro Báez, para determinar si éste resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz, durante las dos gestiones de Néstor Kirchner. El Fiscal Luciani considera que tiene evidencia suficiente para establecer que Cristina Fernández, en su cargo de Vicepresidenta, fue la "jefa" de una organización dedicada a direccionar fondos de la obra pública, y la acusa del delito conocido como "asociación ilícita" y "administración fraudulenta". En la misma causa, están involucrados Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, y el famoso José López, que en ese momento era titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

El impacto Político de la Causa

Hay varios puntos a tener en cuenta, ya que el impacto político es bastante importante al tratarse de la vicejefa de estado. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la causa ya tiene más de 7 años, por lo tanto hubo varias instancias donde la propia Cristina utilizó el escenario judicial a su favor, para exponer la teoría del Lawfare llevado a cabo en su contra, con lo cual hemos escuchando esta terminología en varias oportunidades, y no es casualidad, ya que eso dió una idea general o conocimiento al respecto. Entonces ¿Qué es el Lawfare?.

Conocido como "Guerra Jurídica" o "Guerra Judicial" por su traducción del inglés, el Lawfare es una expresión usada para referirse a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales, nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente. Hasta ahora nada nuevo. El objetivo es permitir detener indebidamente a los adversarios políticos, paralizar financieramente y desprestigiar oponentes, hasta debilitar o inclusive deponer gobiernos, como fue el caso de la destitución de Ex Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff,

Otro ejemplo que podemos dar de ésta estrategia Político-Judicial, fue la proscripción del propio Lula Da Silva en las últimas elecciones en Brasil, caso del cual el propio Alberto Fernández se hizo eco, y en el cual el argumento del (en aquel entonces) juez Sergio Moro en su condena al líder del PT fue literalmente “no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas” de que Lula había recibido coimas, y se había apropiado ilegalmente de un departamento en San Pablo. Todo en el perfecto marco del famoso "Lava Jato", tuvo una conclusión completamente inesperada a nivel político: La derrota del candidato de Lula en el PT, el truinfo de Jair Bolsonar... ¡Y el propio Sergio Moro como Ministro de Justicia de Bolsonaro!.

Con este transfondo, sumado a la situación de gobernabilidad complicada del Frente de Todos, podemos entender el masivo apoyo recibido a la Vicepresidenta, donde la misma logró como nunca antes abroquelar al PJ Nacional, que llamó a estar "unidos, movilizados y en alerta permanente", con presencia de todas las figuras de primera línea, incluyendo declaraciones del propio Alberto Fernández, en lo que parece ser (conjuntamente con la designación de Sergio Massa) una especie de cierre final de la interna oficialista. Y si algo no le falta al Peronismo a través de su historia, ante una amenaza externa, es la unidad casi incondicional para superar las crisis.

La contraofensiva de Cristina

Para comprender cuál es la defende de Cristina Fernádez, hay dos cuestiones centrales por verificar. Lo primero, es señalar que la recusación que le realizó al fiscal Luciani, y al Juez de la causa, Giménez Uriburu, está fundada en la existencia de una foto de los 2 magistrados compartiendo un equipo de fútbol, en un torneo organizado en la quinta Los Abrojos, casualmente (o no) propiedad del ex presidente Mauricio Macri. La misma fue rechazada, y de ahí surgen casi todas voces de alarma que indican una persecusión política, que iría mucho más allá de la causa judicial.

Por otro lado, aquí es donde van a entrar nuevamente en escena los famosos "Bolsos de López", en referencia al conocido hecho en el cual el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad fue detenido lanzando bolsos repletos de dólares por la tapia de un convento. Hasta aquí es historia conocida, lo que Cristina, como estrategia, expuso recientemente, tiene que ver con que esos 9 millones de dólares estarían de alguna forma relacionados a ex funcionarios del Macrismo.

“No sólo persiguen a los peronistas sino que encubren a los macristas”, fue la frase de cabecera con la cual, desde su cuenta de Twitter, Cristina dió a conocer una nota que el mismísimo Buró Federal de Investigaciones (FBI) mandó a los tribunales de Comodoro Py luego de que se la incautación de ese dinero a López, y su posterior detención; La nota demuestra que un tercio de esos billetes fueron enviados en el año 2011 al banco Finansur S.A., casualmente (o no) propiedad de Jorge Sánchez Córdova, allegado de Mauricio Macri por ser extesorero de Boca Juniors. Desde entonces pasaron casi 4 años y medio, sin ninguna repecusión al respecto. 

El Timing Político. Acorde a la defensa del Peronismo en esta circunstancia, lo que se deja leer entre líneas es que el objetivo final de la causa, más que la improbable encarcelación de la Vicepresidenta, es la posibilidad de una proscripción de su figura como candidata a la presidencia en el año 2023, dando prácticamente paso libre a Juntos por el Cambio de ganar las elecciones con cualquiera de sus aspirantes. Ahora ¿Existe una posibilidad concreta de que eso suceda?. La respuesta es que sí, pero siempre y cuando exista una condena firme, que su vez sea por un delito con pena privativa de la libertad , y que la misma esté en ejecución. Como dijimos anteriormente, improbable, pero no imposible.

“Cuando el fiscal Luciani dice que aprieta y sale pus, tiene razón fiscal Luciani, la pus de ustedes, los macristas”

Cristina Fernández de Kichner