
Pequeñas modificaciones en la rutina diaria pueden generar un impacto significativo en el medio ambiente, logrando un estilo de vida más sustentable.
Debido a la abundancia de recursos y a la falta de controles, enfrenta una significativa amenaza: la presencia de la importante flota de pesca China.
Medio Ambiente31 de agosto de 2024Estas embarcaciones operan al límite de la ley, aunque muchas veces la cruzan, poniendo en riesgo la economía local y el frágil equilibrio de su ecosistema marino. La ZEE argentina es un tesoro marino, conocido especialmente por su abundancia de calamar (Illex argentinus), un recurso clave para la industria pesquera. Esta riqueza ha atraído a múltiples flotas extranjeras, siendo la china la más agresiva. Con cientos de barcos operando en las cercanías, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) se ha convertido en una preocupación constante. Entre 350 y 500 barcos chinos operan en la región, causando pérdidas económicas que se estiman entre 1.000 y 2.000 millones de dólares anuales para Argentina. Además, según el Gobierno, desde 2010, la Armada Argentina ha expulsado de aguas nacionales a 11 barcos chinos por sospecha de pesca ilegal. Según una investigación realizada por Outlaw Ocean, China ha consolidado su dominio en la pesca mundial al desplegar una flota de más de 6.000 barcos, superando con creces a cualquier otra nación, con una cantidad que triplica la de su competidor más cercano.
Pero desde hace unos años ya, la pesca china no solo pesca en aguas internacionales o entrando ilegalmente a las zonas económicas exclusivas de diversos países, entre ellos Argentina. También recurre a diversas tácticas para acceder a las aguas argentinas y pescar “legalmente”. Según explicó Milko Schwartzman, especialista en conservación marina, “China solicita, a través de empresas radicadas en Argentina, permisos para ingresar nuevos barcos a determinadas pesquerías o compra directamente permisos a empresas locales.” Aunque estos barcos operan bajo bandera argentina, pertenecen a capitales chinos, creando una competencia desleal. Schwartzman advierte que la legalidad superficial de estas operaciones oculta prácticas cuestionables, como el control de las embarcaciones por tripulaciones chinas una vez que salen del puerto, algo prohibido por la ley nacional. Esto no solo viola la legislación argentina, sino que también pone en duda la soberanía del país sobre sus propias aguas. Estimaciones indican que las empresas chinas controlan, al menos, 62 buques de pesca industrial que llevan la bandera argentina.
China tiene, al menos, 250 “barcos abanderados” en las aguas territoriales de diversos países. La sobreexplotación por parte de estas flotas, junto con el uso de artes de pesca prohibidos y la explotación de mano de obra casi esclava, ha reducido significativamente las capturas de las flotas nacionales, afectando la economía de las regiones costeras. En este sentido, Schwartzman explicó que “la pesca china ilegal tiene un impacto negativo muy significativo en la pesca local al contribuir a la sobreexplotación de los recursos pesqueros, utilizar artes prohibidos, y operar sin respetar las temporadas ni las especies en veda. Esto deteriora la salud del caladero, afectando a todos los que dependen de él y perjudicando a las empresas locales”.
Si bien Argentina ha implementado varias medidas para combatir la pesca ilegal, ninguna está siendo efectiva. Para frenar el avance chino, se ha intensificado el patrullaje del mar y se han aumentado las multas. En 2021, la Armada y la Prefectura iniciaron un trabajo conjunto para mejorar el control en el mar argentino. Sin embargo – advierte Schwartzman – “estas medidas se centran principalmente en el uso de la fuerza y la seguridad, mientras que las acciones diplomáticas y de gestión fuera de la zona económica exclusiva son insuficientes. La sobreexplotación pesquera en aguas internacionales afecta directamente a los recursos dentro de la zona económica exclusiva de Argentina”.
A nivel global, existen algunos acuerdos en proceso que podrían mejorar la gestión de recursos marinos. Uno de ellos es el acuerdo sobre biodiversidad marina fuera de la jurisdicción nacional de la ONU, aprobado en 2023, que aún necesita 60 ratificaciones para entrar en vigor y apenas ha alcanzado menos de 10. Este acuerdo busca ordenar la explotación de recursos en alta mar. “Otro acuerdo importante es el de prohibición de subsidios a la pesca ilegal, aprobado en 2022, que también requiere un número mínimo de ratificaciones para ser efectivo”, detalló Milko Schwartzman. “Además – prosiguió – se ha destacado la necesidad de un acuerdo regional para conservar los recursos marinos del Atlántico Sur. Sería beneficioso que Argentina, Brasil y Uruguay trabajaran en una iniciativa conjunta para proteger la biodiversidad en el Atlántico Sur, fuera de las 200 millas de su zona económica exclusiva”.
La sobrepesca por parte de la flota china también tiene un impacto ambiental preocupante. La explotación intensiva del calamar y otras especies no solo amenaza la sostenibilidad de la pesca, sino que también altera la cadena alimentaria marina, poniendo en riesgo el equilibrio del ecosistema en el Atlántico Sur. La presencia de la flota pesquera china en aguas argentinas es un desafío complejo que trasciende la legalidad de las operaciones. Implica cuestiones de soberanía, competencia desleal, impactos en la economía local y el ecosistema y un déficit de transparencia que debe ser urgentemente abordado. Como señala Schwartzman, es fundamental tomar medidas para regular y supervisar estas actividades, para proteger los recursos marinos, y para asegurar la transparencia en la explotación de los recursos.
“Lo que atraviesa toda la problemática pesquera en Argentina es la falta de transparencia, hay que mejorar muchísimo la transparencia en todos los aspectos que tienen que ver con la pesca marina en Argentina. Porque los recursos marinos son de todos los argentinos y tenemos derecho a saber qué se pesca, cuánto, cómo, quién y cómo se toman las decisiones y eso está fallando, falló desde siempre y es lo más importante, mejorar la transparencia”, concluyó el especialista.
Fuente: Noticias Ambientales.
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