Sobre la intencionalidad política y el poder judicial

A fines del año pasado, más precisamente el 16 de Diciembre, y casi por sorpresa, La Corte Suprema de Justicia  decide declarar inconstitucional aquella ley del Congreso que redujo los miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13 en el año 2006, reforma que había sido justamente impulsada por Cristina Fernández  de Kirchner. Como consecuencia a ello, le encargó al Congreso una nueva ley que regule la institución y concedió un plazo de 120 días corridos para que se elijan a los nuevos miembros.

Los avatares de la judicialización de la política

Estamos hablando de una ley de que funcionó como regulador de durante 15 años ininterrumpidos, y que puso orden, nada mas y nada menos, que al órgano que se dedica a la selección de los Jueces Federales y Nacionales, así como también al control disciplinario de los mismos y la administración del Poder Judicial de la Nación. Dejemos bien en claro los tantos: no estamos hablando de una entidad de jerarquía menor.

En el mes de Abril de este año, tras idas y vueltas, el Bloque de Senadores del Frente de Todos decidió, como medida estratégica, dividirse en dos bloques más pequeños, a los que bautizaron como Frente Nacional y Popular, conducido por José Mayans, y Unidad Ciudadana (retomando aquel nombre Post Frente Para la Victoria) bajo el mando de Juliana Di Tullio. Con esta jugada, y para completar la conformación de 20 miembros (resuelta por el propio tribunal), el Oficialismo podría generar la segunda minoría, e incorporar un representante más en el Consejo. Aunque objetado por la oposición, la partición de un Bloque Político es una acción habitual en ámbas Cámaras del Congreso, donde de hecho Juntos por el Cambio tiene dos Bloques. 

Tán es así, que fue la propia Corte Suprema quién resolvió tomarles juramento a los Legisladores propuestos, Martín Doñate, por el Oficialismo, y a la diputada Roxana Reyes, por la oposición, amén del cuestionamiento judicial iniciado por Luis Juez (quién en ese momento quedó fuera de la ecuación). Como resultado, el nombramiento fue "... de carácter no definitivo", en razón de que “Al encontrarse discutida dicha validez en sede judicial, es frente a los magistrados competentes donde deberá saldarse definitivamente cualquier discusión al respecto”, dejando lugar a lo que sería posteriormente el mejor Plot Twist que puede haber generado ésta Corte.

Resulta que, al recurso de amparo presentado pur Luis Juez casualmente le dio lugar, casualmente... ¡La misma Corte Suprema de Justicia!. En su presentación, el Ex Intendente de Córdoba planteó que ese puesto como consejero le correspondía a él como representante de la segunda fuerza política, a lo que obtuvo como respuesta la nulidad del Decreto Parlamentario DPP N° 33/22 ¡Firmado justamente, por Horacio Rosatti, el mismo supremo que meses antes se había encargado que la designación del Oficialista Doñate se diera sin problemas!. ¿Qué razones "jurídicas" invocaron? veamos.

En voto mayoritario, con las plumas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, el Máximo Tribunal dictaminó que “La partición del Bloque “Frente de Todos” implica un apartamiento de lo resuelto por esta Corte en su sentencia “Colegio de Abogados de la Ciudad”, viola la finalidad representativa de la ley 24.937 y, por lo tanto, resulta inoponible a los fines de la conformación del Consejo de la Magistratura”. Sí, los mismos Magistrados que, meses antes, no vieron irregularidad alguna en la designación, invocaron ahora razones de carácter técnico a una decisión puramente política, como la partición de un Bloque.

Las Reacciones

"Un fallo de la Corte, al no tener otra instancia de apelación, es absolutamente imposible de no cumplir. De esta forma se puso en evidencia la irregularidad de una maniobra, por la cual el oficialismo se dividió en dos para obtener más bancas. Habían cometido una estafa, un ardid, para quedarse con un lugar que no les correspondía", dice Luis Juez, sobre la polémica Resolución, agregando que "Si actúan en contra de un fallo judicial [Por el Oficialismo], actuaremos en consecuencia".

Por su lado, La Senadora Nacional por el Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, remarcó que se trata de un fallo "insólito e inaplicable".  "El mismo presidente firma el fallo anulando la representatividad del bloque de Unidad Ciudadana y a él mismo se lo notifica para que tome juramento a un miembro de otro bloque. Es decir, esta manipulación que intenta hacer Rosatti es evidente y no tiene ningún tipo de aplicabilidad dentro de las reglas de esta Cámara", señaló la legisladora, dejando en claro la postura oficial, respaldada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur y el propio Ministro de Justicia, Martín Soria. Probablemente nos preguntemos ¿Cómo se resolverá este conficto?, pero lo que sí sabemos, es que sin dudas tendrá repercusión electoral.