Controversia y Protestas: la judicialización de DNU de Milei agita la escena política

La semana comenzó con un duro revés judicial para el pretencioso DNU de Javier Milei, ya que la Cámara Nacional del Trabajo suspendió la parte que involucra la reforma laboral, y que pretendía a todas luces terminar con las regulaciones que favorecen a los trabajadores. El recurso fue presentado por la CGT, que festejó el fallo logrado después de la primera gran movilización junto a otras organizaciones, siendo la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo la instancia donde se dictó la medida cautelar.

Megadecreto y Ley Omnibus, ¿Un cambio radical o un riesgo constitucional?

Al menos por ahora, la extensión del período de prueba de tres a ocho meses, la limitación del derecho a huelga o las facilidades de la patronal para despedir a quienes participen de medidas de fuerza, y demás puntos relativos directamente al mundo del trabajo, no podrán aplicarse incluso aun cuando el DNU esta vigente. Los jueces fundamentan su decisión en que entienden al colectivo de los trabajadores como un sector socialmente vulnerable, y que por ende debe ser protegido ante posibles arbitrariedades, reafirmando a su vez lo obvio: no existe necesidad ni la urgencia en el DNU que Milei presentó. En un punto específico, se argumenta que bajo la División de Poderes "...No puede sostenerse en modo alguno que el Poder Ejecutivo puede sustituir libremente la actividad del Congreso" y que "El Ejecutivo no debería encarar modificaciones permanentes o derogaciones de leyes del Congreso a través de estos mecanismos". 

Avanzada la semana, un segundo freno Judicial dictado por la Cámara Nacional del Trabajo reafirma al primero de manera similar, mediante amparo presentado por la CTA. En esta oportunidad, los jueces fueron mas allá al señalar contextualmente que la vigencia del DNU puede alentar “los graves riesgos de que el conflicto social -ya avizorado en los últimos días del año 2023- se acreciente y/o derive en hechos de violencia inusitada”. Desde luego, la respuesta del Gobierno Libertario no se hizo esperar, y apelarán todas las instancias "esperando que para la semana que viene "la medida cautelar estuviera revocada". 

Congreso 

La cancha comienza a marcarse desde la Cámara de Diputados, que se reunió este jueves para oficializar las comisiones que tratarán la  famosa "Ley Ómnibus", con la que Milei quiere declarar "la emergencia pública" prácticamente en todos los aspectos de la vida política, y así delegar las facultades legislativas en el Poder Ejecutivo. A raíz de un acuerdo entre La Libertad Avanza (LLA) y Juntos por el Cambio (JxC), Unión por la Patria (UxP) denunció que sendos bloques se erigieron como autoridades "sin si quiera un debate ni de común acuerdo", y que incluso José Luis Espert "se autoproclamó presidente" de la comisión de Presupuesto y Hacienda. 

Ley Ómnibus

Se empiezan a vislumbrar desacuerdos entre el hoy dejado de lado bloque de de Juntos por el Cambio. Por caso, el diputado de la UCR, Martín Tetaz, hizo hincapié en la necesidad de un mayor debate en comisiones Y plenarios. "Es complejo discutir una Ley Ómnibus que tiene tantos temas cuando cae en una comisión y esta puede opinar de todos los temas", dijo y agrego que "...si la Ley Ómnibus tiene una reforma en educación, entonces debería ir a la comisión de Educación, que no está convocada", a modo de ejemplo. 

Para Tetaz, el proyecto "probablemente se termine con una ley votada en general", aunque señala que hay puntos en los que no está de acuerdo, como el aumento de impuestos, señalando que "hay una estafa al electorado porque el propio Milei dijo que se cortaba un brazo antes de subir un impuesto, y ya tiene como ocho brazos menos. No estamos de acuerdo con los impuestos a las exportaciones, porque generan subdesarrollo, pobreza y salarios bajos". 

En la misma línea, el nuevo Gobernador Cordobés, Martín Llaryora, embistió fuertemente contra el aumento de retenciones a las economías regionales y sectores industriales. En palabras, Llaryora dijo “no me verán a mí poner palos en la rueda, pero creo que hay decisiones que son negativas..." rematando en que "las retenciones fueron, son y serán un pésimo impuesto”, adelantando a vez que no las acompañarán con su voto en el Congreso. 

El Maní, con retenciones en el orden de 15%. Según el Ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, “Córdoba, como lo viene haciendo desde hace años, rechaza las retenciones agropecuarias porque penalizan a la producción. No convalidamos la decisión política de implementarlas a las economías regionales ni de incrementarlas”. Busso predijo que "no existe ningún negocio posible que pueda soportar 15% de derechos de exportación", en relación a que el Maní esta justamente orientado a la exportación, y que “no existe ningún negocio posible que pueda soportar 15% de derechos de exportación".