La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, descarta que las cinco mil toneladas de productos en galpones no vayan a ser utilizadas.
Política28 de mayo de 2024
La decisión del juez federal Sebastián Casanello de ordenar la indagatoria del dirigente social Eduardo Belliboni vino acompañada por otro pedido para el Gobierno: la de elaborar un informe sobre todos los alimentos que están adentro de depósitos y que no fueron distribuidos a comedores sociales, pidiendo además que entregue un plan de distribución de los mismos en un plazo no mayor a 72 horas. Horas después, el vocero presidencial, Manuel Adorni, remarcó en su habitual conferencia de prensa de este lunes que "la Justicia no se puede entrometer en la política pública" y anunció que el Gobierno apelará la decisión: "Siempre fuimos respetuosos de la Justicia, lo que no quiere decir que utilicemos instrumentos legales cuando no estemos de acuerdo".
Según explicaron fuentes de Presidencia, la principal justificación a la apelación que se presentará inminentemente es que los alimentos dispuestos eran depositados allí y no se distribuían porque servían para contingencias específicas. "Estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias", dijo públicamente Adorni. Asimismo, prometió que "no hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura", y diferenció los alimentos que se entregan a comedores de los que se destinan a reserva para catástrofes. El vocero denunció que "a algunos les molesta" la quita de intermediarios en la distribución de los alimentos, e insistió en que el Gobierno informará en detalle el trabajo que realiza a través de la cartera de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.
Un pedido de acceso a la información formulado por El Destape arrojó que el Gobierno dispone hoy de 5 millones de toneladas de alimentos en dos depósitos. Frente a ello, no solo la Justicia sino también la Iglesia reclamó durante el fin de semana que se los distribuya para paliar las necesidades de los más vulnerables. Desde el Gobierno alegan que los 12 y 14 millones de kilos de alimentos secos que distribuía por mes la administración anterior eran "acuerdos de palabra" y que carecían de un análisis técnico que justificara esa distribución. Asumido Milei, se decidió suspender las entregas y sustituirlas por transferencias de dinero con rendición de la ejecución de los fondos.
¿Cuántos comedores están en análisis? De los 9400 que fueron anoticiados oficialmente, hay 4400 que participan de diferentes programas en ejecución, 3700 se encuentran en proceso de formulación de convenio para recibir asistencia y 1317 se encuentran en proceso de estudio respecto de su renovación. En lo que refiere al programa de Abordaje Comunitario Módulos Secos, hay 33 convenios en ejecución, que abarcan a más de 2300 comedores, y más de 70 convenios en proceso que incluirán un universo de aproximadamente 700 comedores.
En febrero del año 2024 se puso en marcha un relevamiento de los efectores que habían solicitado la inscripción al Registro Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM), el cual se encuentra en curso actualmente. Entre el 7 de febrero y el 26 de abril se relevó un total de 2646 espacios, de los cuales 1247 no pudieron ser validados como comedores o merenderos, indican un informe de Gobierno. "De las 5 mil toneladas que se encuentran en los galpones, el 60%, más de 3 mil toneladas, corresponden a paquetes de yerba mate pertenecientes a una contratación irregular que realizó la gestión anterior y se encuentra bajo una auditoría. Esta yerba no solo se adquirió a través de procesos poco transparentes, sino que se trata de un producto de mala calidad", indicaron desde el Ministerio de Capital Humano mediante un comunicado.
Las licitaciones sobre esos productos fueron evidenciadas en el informe del "escáner del Estado" que el presidente Javier Milei le pidió a la SIGEN. Según pudo consignar el organismo, hubo multimillonarias compras de yerba mate que hizo el entonces ministerio de Desarrollo Social a dos firmas misioneras: una está a cargo de Hugo Oscar Holowaty, un industrial con su planta en la localidad yerbatera de Apóstoles. El otro es Ignacio Kleñuk, con marca propia: Yo-La-Vi.
Fuente: El Cronista.
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