En medio de la segunda ola del coronavirus, los empresarios del sector de la salud, nucleados en la Unión Argentina de Salud (UAS), acudirán a la justicia para pedir aumento de las cuotas. En una conferencia de prensa, realizada en el Paseo La Plaza, explicaron que tienen un “descalce” de 40% entre la suba de costos y los incrementos autorizados por el Gobierno. Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, opinó que “desfinanciar” al sistema podría ser la “excusa perfecta para nacionalizarlo”, en referencia a los dichos de la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre reformar el sistema de salud.

Hoy, la UAS presentará una medida cautelar. El pedido será que se cumpla el artículo 17 de la Ley de Medicina Privada, “que obliga a estudiar las estructuras de costos de las empresas y a otorgar las actualizaciones necesarias”, aseguró Belocopitt al principio de la conferencia, mediante la lectura de un comunicado que lleva la firma de 15 asociaciones de salud. Mediante esa ley, aprobada por el Congreso en 2011, quedó establecido que las actualizaciones de la medicina prepaga deben ser aceptadas por la Superintendencia de Salud, que depende del Ministerio.

Jorge Piva, director general de Medife, explicó que hay un “descalce” del 40% entre la suba de los costos y los aumentos que fueron permitidos por el gobierno desde que asumió. En 2020 se autorizó una única suba del 10% para diciembre pasado, y este 2021 se autorizó una suba durante tres meses consecutivos: 3,5% en marzo, del 4,5% en abril y del 5,5% en mayo.

Piva aseguró que este porcentaje “no puede trasladarse en forma directa” a los afiliados. Como posible solución, afirmó que podría realizarse “en cuotas” o con un “subsidio estatal transitorio”. Pero además de recuperar los puntos perdidos, el sector pedirá que se establezca una “fórmula de aumentos”, que deje establecidas las subas, basado en algún indicador, como podría ser la variación de los salarios medido por el Ripte, dado que los 4 millones de personas que cuentan con prepaga son en su mayoría asalariados formales.

El planteo del Gobierno es que el sector tuvo acceso a beneficios fiscales, como disminución de contribuciones patronales, y fue uno de los primeros en acceder al programa Repro II, en enero de este año, mediante el cual el Estado paga parte de los salarios. Inicialmente, al sector salud se le cubrió un monto mayor por trabajador que al resto de los sectores. Pese a estos beneficios, Piva afirmó: “El 95% de las empresas pierden plata, estamos usando reservas, si esto sigue, va a haber cierres masivos”.

En el listado de pedidos al Gobierno, el sector salud solicitará que el Estado se haga cargo de uno de los mayores gastos que tienen las prepagas. “Los tratamientos catastróficos de alto costo y baja frecuencia tienen que ser financiados por el Estado”, aseguró durante la conferencia Hugo Magonza, director del Cemic. Ante la consulta de cuánto sería este monto, el empresariado aseguró que no tienen hecha una estimación, pero que sería un “fondo millonario”, que podría ser cubierto con aporte de las prepagas, como se realiza en Uruguay, y con otra parte de fondos públicos.

Magonza afirmó que, en los últimos 9 años, las prepagas subieron 1054%, contra una suba de costos de 1950%, un aumento de medicamentos del 3000% y una inflación de 1540%. No hizo referencia a la variación salarial en ese período. El empresariado considera que los afiliados podrían hacer frente a los aumentos, dado que las subas salariales estuvieron por encima el último año. “No perdimos ni un afiliado pese a la crisis”, aseguró Belocopitt.

El 60% de la estructura de costos es para el pago de salarios, y la paritaria con el gremio de la sanidad venció hace 15 días. Previo al arranque de la conferencia, en la puerta del Paseo La Plaza, sobre la avenida Corrientes, había alrededor de 30 trabajadores de la sanidad. Mediante un megáfono, uno de los delegados de la agrupación Bordó de Sanidad, aseguraba que “las patronales quieren mantener los márgenes de ganancia y ponen el salario como excusa”.

Fuente: Ámbito.