El oficialismo podría ceder en su proyecto para consensuar el Régimen Penal Juvenil de la oposición, que pretende penalizar menores desde los 14 años.
Política04 de septiembre de 2024
Con el propósito de obtener dictamen, comisiones de la Cámara de Diputados se reunieron este martes para tratar una de las iniciativas más ambiciosas del oficialismo en materia de seguridad y legislación penal: sancionar una reforma de la baja de imputabilidad. Disertaron especialistas en neurociencia y regímenes penales. El debate continuaría la próxima semana.
Se trata del quinto plenario en la Cámara de Diputados, en donde disertaron especialistas y los autores de los distintos proyectos de ley que buscan modificar el actual Régimen Penal Juvenil, establecido por decreto en 1980. La principal diferencia entre todos los bloques, que coinciden en explicitar garantías en las condiciones de vida en los centros cerrados para adolescentes atravesados por una situación penal, tiene que ver con la baja de la edad de punibilidad: la propuesta libertaria propone los 13 años, distintas iniciativas (PRO, UCR e incluso UP) coinciden en establecerlo en 14 y un sector mayoritario de Unión por la Patria intentará sostenerlo en los 16 años.
La estrategia parlamentaria del oficialismo -junto a espacios aliados- prevé la convocatoria de sucesivos especialistas de distintos bloques, para que el debate le dé legitimidad a un dictamen que dan por descontado. Desde el peronismo apuntan a la inviabilidad económica de la baja de la punibilidad y buscan torcer estos consensos a través de la aprobación de un programa preventivo del delito que acompañe con un equipo técnico a adolescentes infractores, con el fin de evitar la reincidencia.
Luego de que la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos y la reforma de la Ley de Armas de Fuego obtengan media sanción en la Cámara Baja, el Gobierno avanza paulatinamente con la suma de consensos para una serie de reformas de Seguridad y Justicia que impulsan. Entre estos proyectos, se encuentran Proyecto de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado (obtuvo dictamen), la Ley de , la ley de Bien Restituido y el Régimen de Juicio por Jurados.
Baja de imputabilidad: la intervención de especialistas en Diputados
El neurólogo Conrado Estol "un adolescente temprano no puede pensar a cinco años, que es un tercio de su vida y puede llegar a ser la mitad de su vida; siempre es a corto plazo". En ese marco, planteó que "hay toda una oportunidad para cambiar la conducta de esos chicos", señalando que "con planes de infancia, de adolescencia y juveniles; a través de la terapia cognitivo-conductual puede cambiar una conducta".
La socióloga Silvia Stulchik recordó que "no se promovieron en los últimos años las reformas de los regímenes que mantuvieron la edad en 16 años, por lo que no se garantizaron los debidos procesos. Se ha descansado en las provincias en donde se privan de libertad a jóvenes menores de 16 años". Posteriormente, citó las cifras del censo 2023 del Unicef, que registró que 4.153 adolescentes estuvieron detenidos en distintos regímenes; de ellos, un 60% son menores de 17 años y de ese subgrupo tan sólo 1,7% son menores de 16 años, por lo que argumentó que no se encuentra justificada en estadísticas la baja de imputabilidad.
Posteriormente, el psiquiatra Andy Blake consideró que "no creo que la respuesta sea por la edad, sino plantear un régimen especial para esta población especial que tiene gran capacidad de aprendizaje". Sin embargo, consideró necesaria "la punición, porque les sirve para organizarse": "el problema del adolescente es el reconocimiento de los límites".
La último especialista fue la abogada Marcela Angulo, quien señaló que los proyectos de baja de imputabilidad violan el principio de no regresividad. Asimismo, contemplando que las penas máximas estipuladas son de 20 años, afirmó que "al superar el tiempo de vida de los imputados resulta arbitraria y desproporcionada" y criticó que "la previsión de una mirada de seguridad sin límite de extensión temporal".
Ley de Seguridad Interior: reforma para modificar rol de Fuerzas Armadas
En la comisión de Defensa Nacional, se presentó este martes el exministro de Defensa, Horacio Jaunarena (tres gestiones bajo las presidencias de Alfonsín, De la Rúa y Duhalde), que expuso su posición sobre modificación de Ley 24.059 de Seguridad Interior, que habilita intervención de las Fuerzas Armadas en la sociedad civil "en caso de acciones terroristas que tengan por fin aterrorizar a la población, sin necesidad de llegar a utilizar un remedio extremo, como es la declaración de estado de sitio".
El proyecto establece que -"con la finalidad exclusiva de proteger la vida y la libertad"- las funciones de las FFAA alcanzarán el "control de población, instalación y operación de puestos de control fijos y móviles para vehículos y personas; asegurar y acordonar una zona; control de multitudes; empleo de equipo antidisturbios; procedimientos para cooperar con la policía local y/o policía internacional", entre otras funciones para las cuales los agentes serán capacitadas y preparadas especialmente.
"Este proyecto es una novedad", calificó Jaunarena, quien desarrolló que "la ley vigente prohíbe el adiestramiento de los hombres de las Fuerzas Armadas para cuestiones de seguridad interna, no obstante el el proyecto sostiene que este adiestramiento será cuando forman parte de una fuerza de paz”. Finalmente, estableció su postura a favor: “Más allá de las diferencias debería prevalecer el sentido de cooperación para mejorar nuestra seguridad y nuestra defensa. Nuestra democracia debe dotar de seguridad al conjunto de la Nación”.
Fuente: Ámbito.
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