La Geopolítica de las Vacunas

La semana comienza con la noticia internacional que nadie había confirmado hasta ahora, pero que en sí era un secreto a voces: El Parlamento Europeo aprobó al certificado Covid-19 para reactivar el turismo, y alrededor de 10 países del bloque ya lo emiten.

El objetivo es simple: evitar cuarentenas obligatorias en los países que se visitan, lo cual es el gran impedimento para los viajeros debido al costo que implica cumplir con esta medida sanitaria. Complementariamente, los países que lo emitan (de forma gratuita, desde luego), pueden usarlo dentro sus propios territorios u ordenamientos jurídicos como permiso para otros eventos de carácter masivo.

Sin embargo, la medida fue fuertemente criticada porque, se dice, implicaría una discriminación de pasaportes de ciertas nacionalidades que incluso entrarían en conflicto con la vacuna que el solicitante tenga, ya que tanto Sputnik-V, Sinopharm y otras, no tienen aún el aval de la Unión Europea o hasta incluso de la OMS.

En este contexto, la Argentina no pierde lugar ya que es justamente el país donde la vacuna de origen ruso tiene mayor presencia, incluso habiéndose aprobado la versión local de la misma, la Sputnik-Vida. Sucede que la discusión por la compra de dosis estuvo en agenda un buen tiempo.

"Podemos llegar a fabricar 5 millones de dosis por mes, una vez que alcancemos el ritmo" Marcelo Figueiras, presidente del Laboratorio Richmond

Primero fue por el acuerdo con el Kremlin y la promesa, en parte inconclusa, de las 10 millones de dosis para Marzo; luego siguió con el cuestionamiento de Vizotti hacia Sinovac, donde en su momento el Ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, declaró vía Twitter No tendría que hacer falta aclarar que la Argentina compró Sinopharm, que tiene mayor eficacia que Sinovac. Por último, la demora del mismo laboratorio Sinopharm, que no cumplió con la entrega en los plazos acordados.

Es decir, la falta de vacunas se da a nivel mundial, principalmente por la velocidad de producción a gran escala de las mismas, y por otro lado las trabas que implican las patentes en las negociaciones. De la que mucho se habló fue de aquella producida por Pfizer-BioNtech, laboratorio que inició negociaciones con el país y, en medio de una confusa cobertura mediática, no llegó a un acuerdo.

El tema volvió al a agenda este martes, cuando tanto los laboratorios que tienen acuerdos con el país  como los que están en tratativas se presentaron al Congreso, en el marco de un plenario de las comisiones de Salud y Legislación General, para brindar detalles de los antídotos. Entre ellos, los representantes del grupo Pfizer hicieron varias declaraciones públicas. Por un lado, aclararon que la empresa no tiene ningún interés en intervenir con bienes del Estado, y que la Ley de Vacunas no es compatible con aspectos contractuales. Se deduce que esa sería la razón por la cual la negociación no fue exitosa.

Es importante destacar que no hay ningún interés en intervenir con bienes del Estado. Esto incluye recursos naturales, reservas del banco central, activos militares, estratégicos o culturales, indicó el gerente general de Pfizer Argentina, Nicolás Vaquer, agregando que Durante la negociación en ningún momento hubo pedidos de pago indebidos o exigencia de intermediarios.

Sucede que en su momento, desde el oficialismo se indicó que las condiciones de negociación que pretendía el laboratorio sí incluían pedidos de este estilo. De hecho, horas previas a la exposición en la Cámara Baja, el mismo Ministerio de Salud de la Nación emitió respuesta a un pedido de Acceso a la Información hecho por Diputados de la Coalición Cívica -ARI. 

En la misma, se señala que a raíz de la petición de distintos proveedores farmacéuticos, el gobierno sancionó la Ley 27563 de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la Covid-19, que provee de un marco regulatorio a la dotación de las mismas, y se agrega que el laboratorio norteamericano, en medio de las negociaciones, indicó que necesitaba cláusulas más laxas que superaban todas las excepcionalidades previstas en la norma. 

En palabras del informe: las dificultades en relación a la compañía norteamericana radicaron en dos problemas: el primero fue el planteo de excluir la negligencia no solo del contrato, sino también de la ley mencionada, lo que implicaba la modificación de una norma y el segundo problema se relaciona con los criterios para la aceptación de la garantía con contragarantía de ejecución en el exterior. Estos son los dos puntos sobre los que no se ha llegado a un acuerdo. 

Por su parte, el Grupo Pfizer insiste que En ningún momento hubo pedido de pagos indebidos, en referencia a las muchas elucubraciones realizadas en torno al asunto. Pero la seguidilla no termina ahí.

Luego de la tensa sesión con las farmacéuticas, la discusión continuó en Twitter, donde la Diputada oficialista Fernanda Vallejos dijo que Mario Negri, el presidente del Interbloque Juntos por el Cambio, pide que un laboratorio extranjero venga a redactar las leyes argentinas, en alusión a las críticas de este interbloque al gobierno. "Negri pide que un laboratorio extranjero venga a redactar las leyes argentinas. Ya habíamos entendido por donde se pasa Juntos por el Cambio la soberanía nacional cuando Patricia Bullrich ofreció entregarle las Malvinas al mismo laboratorio. Esto sólo lo reafirma, por si quedaban dudas".

Los dichos de la Diputada fueron en respuesta aun Twit de Negri, donde él mismo cuestiona el hecho de que el Gobierno nacional no invitara al Grupo Pfizer a evaluar la confección de la Ley de Vacunas. Lo curioso sucede momentos después, cuando el mismo Diputado tuvo otro cruce, esta vez con  Eduardo Bucca del Bloque Peronista, que tuiteó: Mario querido, la ley a la cual hacés alusión la votamos todos. Vos también..., dejando en clara evidencia una suerte de maniobra política. 

Pero esta estrategia, más allá de las evidencias fácticas, no deja de ser una táctica política, y el oficialismo también tiene las suyas. Se trata de Ley de Emergencia COVID-19, que busca aliados y votos en Diputados. Y los busca rápido, ya que el tiempo apremia.

Como hemos podido verificar  en una buena cantidad de oportunidades, hay decisiones políticas que tienen más costo que otras y una de ellas es el DNU o Decreto de Necesidad y Urgencia, por considerarse popularmente inconsulto con las personas o representantes que deben cumplirlo o hacerlo cumplir. Sucede que el hecho de las extensiones de la cuarentena, las restricciones a la circulación, acotamiento de los horarios laborales y una serie de permisos y licencias cayó en el desgaste, que se produce en el momento justo en el cual un DNU pierde vigencia, y es necesario renovarlo.

Justamente, el DNU vigente que indica las restricciones a nivel nacional vence este viernes 11 de Junio, y lo que buscan los integrantes del Frente de Todos es consolidar las restricciones con este proyecto de ley, que ya tiene aval del Senado. Por lo pronto, no tienen el número suficiente para aprobarlo con su bancada propia, por lo cual apelarán a los aliados habituales y seguramente dejar listo el DNU, ante el fallo de esta estrategia.