Estrategias a nivel macro

La noticia de fin de año que mas destacó a nivel mediático fue, sin duda alguna, el recargo del 30% al uso y compra de productos o servicios que tuvieran que hacer uso y transacción de dólares. La medida es, a simple viste, recaudatoria, sin embargo analizada en el contexto correspondiente también es necesaria, debido al enorme nivel del deuda en dólares que nuestro país contrajo y acrecentó durante la última gestión de gobierno. 

Meterse con el dólar en la Argentina implica, a nivel político, un gran costo que se traduce en la merma de futuros apoyos, y el gobierno de Alberto Fernández lo que menos parece tener es tiempo. Analizando cada uno de sus movimientos podemos dejar bastante en claro una cosa: la estrategia para mejorar la situación de momento está pensada para impactar a niveles macroeconómicos, es decir, que va a generar prontos conflictos con varios sectores y rubros específicos de la sociedad y la economía, en pos de otras necesidades más postergadas. Si bien la ley fue revisada, y algunos sectores tienen precios diferenciados, a nivel imágen resulta difícil despegarse de esta impopular decisión.

Nos basta empezar por el simple hecho de que se rechazaron las últimas partidas presupuestarias del FMI, dinero que no le hubiera venido nada mal a la incipiente gestión del Frente de Todos, para apagar varios incendios momentáneos, pero que a su vez implicarían un problema más para la renegociación de esa deuda, emitida en dólares, al incrementar el monto total de la misma. Esta jugada también fue estratégica por partida doble, porque le generó en segundo plano una confianza de los mercados al entrar en un compromiso tácito de pagar la totalidad de la deuda, lo cual revalorizó los activos argentinos en el exterior por algunas jornadas. 

Por otro lado, el congelamiento de tarifas de luz y gas, peajes y combustible (indirectamente, por orden a YPF) a nivel nacional, dinamiza otros sectores de la economía y les da un respiro hasta el año 2020, amplía el margen de negociación con otros rubros, como por ejemplo el transporte en Capital Federal, cuya suba también fue desestimada en razón de que no hubo aumentos de nafta (aunque queda por revisar un posible aumento del gasoil).

Otra herramienta útil, provista por la ley de emergencia y solidaridad, permite al gobierno “iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario” para fijar los nuevos valores de los servicios públicos. En contraposición, algunas de las críticas respecto a revisiones y auditorias, tienen que ver con la omisión de ciertos sectores clave en la recaudación para las arcas estatales, como el sector financiero o la minería, de los cuales se ha habló poco y nada, exceptuando el reciente conflicto por el agua el Mendoza. Todo tiene que ver con intereses de propios y ajenos, y la correlación de fuerzas que existen actualmente, lo que no sucede con otros sectores como el agropecuario, que ha receptado las medidas tendientes a restaurar las retenciones con más tranquilidad de la esperada.  

Resumiendo, por ahora vemos medidas que traerán gran impacto a nivel macroeconómico ni bien se comiencen a implementar; el arma de doble filo para el gobierno se encuentra en el reclamo específico de sectores que se sientan vulnerados por estas medidas, lo cual podría traducirse en una pérdida de un importante caudal de votos a futuro que serán necesarios para revalidar el mandato en las elecciones de medio término. Como puntos a favor, la oposición no se encuentra del todo nucleada en Juntos por el Cambio.