Max Bustos
La Cámara de Diputados afrontó el proyecto de ley "Bases" durante tres días, marcado por tensiones y enfrentamientos en los alrededores del Congreso. El debate se enfocó en modificaciones al capítulo de privatizaciones, proyectándose la votación general con fuerte respaldo oficialista y tensiones reveladas por disturbios previos. Diputados de Unión por la Patria presentaron cuestiones de privilegio, generando respuestas acaloradas, mientras la sesión acumuló 24 horas de debate en dos días.
Simultáneamente, el debate sobre la Ley Ómnibus continuó, con el oficialismo confiando en la aprobación en general y La Libertad Avanza buscando acelerar el proceso. Se enviaron nuevas propuestas a bloques "dialoguistas", destacándose cambios en privatizaciones y la eliminación de la declaración de emergencia fiscal y previsional. En el recinto, los legisladores protagonizaron intensos cruces, y la represión generó críticas y denuncias de heridos.
Como resultado, el Congreso votará solo un tercio de la ley ómnibus en general, posponiendo la votación de los 624 artículos restantes debido a crisis en los acuerdos entre el Gobierno, los gobernadores y los bloques aliados. Rodrigo de Loredo intervino en las negociaciones, buscando obstaculizar la votación de la coparticipación del impuesto País. La resistencia de misioneros y salteños frente al capítulo del tabaco complica la situación. En este contexto, el líder Milei presiona a los diputados, y el presidente comparte un comunicado amenazante, declarando el fin de las negociaciones y advirtiendo a los diputados que "la historia los juzgará".
Mientras tanto, el DNU
Por otro lado, el bloque de Senadores Nacionales de Unión por la Patria (UxP) anunció su intención de solicitar una sesión especial semanal hasta que se habilite el tratamiento del controvertido Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado en diciembre por el presidente Javier Milei para desregular la economía. Durante una conferencia de prensa, el líder de la bancada, José Mayans, señaló a la vicepresidenta Victoria Villarruel, instando a que garantice la imparcialidad en la Cámara. Mayans enfatizó que, según el reglamento, la convocatoria a sesión debe realizarse si cinco senadores presentan una nota, expresando su preocupación ante la posibilidad de que no se respeten los procedimientos parlamentarios.
En respuesta, la senadora Anabel Fernández Sagasti también cuestionó a Villarruel, acusándola de incumplir sus deberes como funcionaria pública al no convocar la sesión correspondiente. A pesar de que la oposición puede solicitar una sesión especial, la convocatoria oficial recae en la titular del Senado. Desde el oficialismo, respaldaron a la vicepresidenta, destacando que esta situación no implica que no se realice en el futuro. La disputa refleja tensiones en torno a la transparencia y el cumplimiento de los procedimientos parlamentarios relacionados con el mencionado DNU.
