Ninguna provincia es una isla

Probablemente recordemos aquella foto de todos (o casi todos) los gobernadores sentados en la larga mesa de negociaciones, acordando llevar adelante el Pacto Fiscal, para solucionar (al menos en teoría) algunos de los problemas de la estructura tributaria en el país, y sobre todo para que progresivamente algunos rubros queden exentos de impuestos. En aquella reunión del año 2017, el dato importante fue que absolutamente todas las provincias, salvo San Luis, se comprometieron a desistir en las demandas relativas al a coparticipación, contra el gobierno nacional. 

Por supuesto que estábamos en otro momento de la historia reciente bajo el ala del gobierno Cambiemista: veníamos de un 2016 de dolar planchado e instrumentos financieros ultra-rendidores que mantuvieron la sed de especulación satisfecha, los mercados no estaban en boca de todo el mundo, y la imagen del gobierno, que seguía siendo por alto positiva, se vio convalidada por el resultado de las elecciones de medio término. Para nada un mal escenario a nivel político, salvado la reforma previsional, que vino más sobre fin de año. Escenario electoral perfecto para cultivar buenas relaciones entre las provincias y la nación (reflejadas sobre todo en Córdoba) y reafirmar los caudillismos locales.

De aquel valle de prosperidad política y fotografías rutilantes ha quedado poco y nada. Por lo menos en lo que refiere a las relaciones institucionales, porque una vez más la economía y su poder de fuego para marcar agenda, irrumpieron como tema de mayor preocupación entre los argentinos, dejando de lado cuestiones como la inseguridad. Tras una seguidilla de misteriosas corridas cambiarias con explicaciones de poca y ninguna certeza, la inflación en porcentajes altos hasta incluso en mediciones mensuales, y finalmente la irrupción totalmente inesperada del FMI en el país, que trajo el condimento clave para poder desetrañar el conflicto actual: la deuda en dólares, y el programa económico propuesto por el Fondo. 

2019. Revés electoral esperable para el gobierno, pero con cifras para nada esperadas por el gobierno Un porcentaje asestado en un alto grado por la vuelta del Cristina Fernández y su armado político que logró, con muy poco empeño, construirse como única alternativa real de poder frente al Macrismo, que con malabares venía sosteniendo el complicado panorana económico. Con medidas que hasta el momento dejan mucho que desear entre sus propios votantes, el gobierno hasta hace algunos meses atrás sostenía que no iba a a cambiar el rumbo de su política económica, aunque efectivamente así lo hizo, adoptando medidas que antes criticó fuertemente. 

¿Pero cual fue entonces la semilla de discordia? La eliminación del IVA sobre los productos de la canasta básica. No porque muchos gobernadores y dirigentes no estén de acuerdo con la medida, si no por el enorme impacto que esto le causaría a los fondos comparticipables que las provincias reciben todos los años. Estos fondos son presupuestados por las haciendas provinciales y aprobados por sus legislaturas, financian en gran parte la obra pública y programas de carácter social, que resguardan derechos fundamentales para su población. 13 Gobernadores presentaron hace más de dos meses recursos en la Corte Suprema de Justicia, con la pretensión de frenar las medidas económicas, algunos de ellos, firmantes del famoso Pacto Fiscal hace dos años atrás.

En principio su reclamo está encaminado, ya que la CSJN falló en contra del Gobierno Nacional, que había tildado de irresponsables a las provincias que hicieron la presentación. Aún con la complicada situación económica del país, una campaña a cuestas y el último desembolso del FMI estancado, el gobierno deberá hacerse cargo de la diferencia que exista en los fondos coparticipables afectados por la merma de la recaudación, fruto de la quita del impuesto. Aunque la medida es cautelar, el timing no es casual: decisión post electoral, con un oficialismo debilitado. 

A nivel local se puede vivenciar la disputa, ya que nuestra provincia si bien no aposto a una presentación formal en la Corte, espera que el fallo se haga extensivo e incluya a Córdoba, para de esta manera poder salir airosos y sin generar rispideces, ni afectar la imágen institucional de Juan Schiaretti y su buena relación con Mauricio Macri. Sabemos que en la política nadie tiene la última palabra, todo deriva casi siempre en una cuestión de estrategias y tiempos. Lo que está claro, es que ninguna provincia es una isla.