A un paso de la renegociación

Una deuda con bonistas privados de alrededor de 120 mil millones de dólares fue el puntapié inicial para que el Senado finalmente convirtiera en ley la Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública emitida bajo Ley Extranjera. El nombre lo indica todo, se le atribuye una suma de poderes y facilidades al Ministerio de Economía para poder renegociar los papeles adquiridos por estos bonistas oportunamente. Estas atribuciones son, desde luego, criticables desde el punto de vista de la participación. Pero esto no quiere decir que las mismas permitan la libre actuación inconsulta del Ministro Guzmán. 

En primer lugar, la ley aprobada se enmarca en otra ley mayor, la de Administración Financiera, que explícitamente indica que lo negociado en cuanto a plazos y tasas debe sí o sí favorecer a las arcas del país al momento de honrar la deuda (contrastando con los plazos y tasas de la negociación original). La Restauración de Sostenibilidad es un apoyo político. Lo es en todos los sentidos si miramos en retrospectiva: el Poder Ejecutivo ya tiene todas las facultades para hacer a la restauración porque se las otorgaron junto con la ley de emergencia aprobada en diciembre, y si a eso le sumamos la unanimidad con la que fue votada, obtenemos la respuesta sobre "que hay detrás de todo esto". 

Pero el tema de la deuda no termina en los bonistas privados, que representan sólo el 44% del total de la deuda, estimada en 300 mil millones de dólares. El otro gran problema es la deuda contraída con el FMI, de aproximadamente 57 mil millones de dólares, contraída de manera inconsulta y de ejecución dudosa. Si seguimos el calendario de pago originado en el Stand By del 2018, sólo para 2022 los vencimientos de deuda serían de 31.700 millones de dólares y 31.300 millones en 2023. Básicamente, es imposible cubrir ese frente de deuda. O al menos ese es el planteamiento elegido por el gobierno a la hora de negociar con el fondo, lo pone como una condición necesaria, en miras de lograr un nuevo calendario de deuda, con una prórroga desde 2024 en adelante.  

Por lo pronto, algunas de las ventajas que tiene Argentina respecto de otras renegociaciones anteriores se basa en que, por un lado, los bonistas no estan tan dispersos. Son fondos, casi no hay particulares como en otras oportunidades. Todas las partes ya conocen como es renegociar títulos en Default, con lo cual saben a ciencia cierta (salvando los fondos buitre, que aprovechan estas situaciones muy a futuro) que conviene cerrar el trato sin entrar en la tan complicada cesación de pagos (que también hace caer los títulos argentinos en el exterior). Todo esto, teniendo en cuenta que la única arma de negociación del gobierno serán, además de los plazos, las tasas de interés. La jugada magistral, al parecer, indica que retirar los bonos y cambiarlos por otros con tasas mas bajas podría ser la salida tan esperada, conjuntamente con un nuevo calendario de pagos. 

El real desafío de Guzman a futuro será convencer a los acreedores de que renegociar bajo legislación extranjera es la mejor garantía de que no habrá quitas importantes sobre el capital, y que de haber alguna reducción, sería sobre una parte de los intereses generados, siempre y cuando eso no afecte el normal funcionamiento de la economía del país.