¡2023! ¿Año de definiciones?

Cambia el Tablero Geopolítico

Con un inicio frenético en la agenda de 16 reuniones bilaterales, el flamante nuevo presidente del Brasil, Luiz Inácio da Silva, más conocido como Lula, dejo un importante espacio al encuentro que llevo a cabo con Alberto Fernández, con quién decidieron de común acuerdo erigirse en "Aliados Estratégicos", poniendo al País vecino en la lista de prioridades como fue antaño, trabajo que ya venía realizando hace algunos años Daniel Scioli, en su cargo de Embajador Argentino. “Hemos decidido volver a poner en marcha el vínculo entre Argentina y Brasil con toda la fuerza que ese vínculo debe tener. Los dos estamos de acuerdo en institucionalizar ese vínculo del mejor modo”, fueron la palabras de Fernández.

¿Un 2023 sin quórum?

En concreto, lo primero a realizar sería la vuelta del gigante sudamerica a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la cual preside el Presidente Argentino, pero que según sus propias palabras "no ha logrado generar institucionalidad", dejando a confirmar una nueva reunión con la nueva comitiva carioca en Buenos Aires para fines de Enero, con la intención de avanzar en "acciones concretas". En tanto, Lula da Silva agradeció la visita de su par por redes sociales, dando a entender que la intención de fondo es "retomar el poder que alguna vez tuvo Mercosur".

¿Comienza el modo campaña?

El Oficialismo y la Corte Suprema

Más allá de un venidero contexto internacional favorable tras la asunción del mandatario brasileño, el Gobierno de Alberto Fernández, con varios periódos de internas que no cesan, decisiones políticas desacertadas, alta inflación y errores de comunicación no forzados, tiene otro gran frente del cual preocuparse y tiene que ver con su no tan reciente enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia. Más específicamente con el Presidente de la misma, Horacio Rossatti, que tras varios fallos antipáticos y (desde el punto de vista del Gobierno Nacional) discutibles jurídicamente hablando, se ha ganado un lugar en el podio de enemigos.

Puntualmente, la ultima medida cautelar respecto a la Coparticipación Nacional que reclamó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al cual se le cedió aquel 2,95%, que inmediatamente tanto Alberto Fernández, como una decena de Gobernadores, salieron a criticar invocando razones como la Presupuesto 2023, que ya está confeccionado, y no preveía ésta diferencia (a la cual la CABA rechazó como pago en forma de Bonos).

"El fallo es una verdadera inmundicia. Esto no fue un fallo político, esto fue un fallo partidario, destinado a favorecer a una minúscula parte de nuestro país en detrimento de un país", señaló Axel Kiciloff, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, quien en apoyo a Fernández, y con otros 11 Gobernadores, ya tienen acordado y a presentar el proyecto de Juicio Político. ¿En qué consiste el mismo?.

A los fines de impulsar el juicio político por "Parcialidad Manifiesta", la estrategia del Gobierno consiste en hacer esta misma semana, un pedido formal al Parlamento para la habilitación de Sesiones Extraordinarias, donde el temario no solamente sea Judicial, sino también Económico. Sobre los detalles del mismo, si bien no hay información oficial sobre el Proyecto del Pedido de Extraordinarias, si estamos en conocimiento del documento girado por el Bloque de Diputados de FDT a la Comisión de Juicio Político.

En el texto de 36 páginas, se pide a la "Honorable Cámara de Diputados de la Nación que, en cumplimiento de su rol acusador ante la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, disponga las medidas necesarias para llevar adelante el proceso de juicio político contra los magistrados mencionados por los motivos y hechos que se expondrán a continuación", entre los cuáles menciona que se pone en jaque el sistema republicano de división de poderes, ya que ciertas decisiones de la Corte "arbitrariamente, invaden las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes".

Por otro lado, el comunicado puntualiza en que existen "arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional, lo que implica que han quebrantado con las obligaciones constitucionales que tienen a su cargo, incurriendo en la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional", claramente haciendo referencia a la situación en el Consejo de la Magistratura, órgano que no casualmente tiene a su cargo la selección de los jueces federales y nacionales, así como el control disciplinario de los mismos y la administración del Poder Judicial de la Nación.

Sobre la intencionalidad política y el poder judicial

Por último, y podríamos decir (en términos de la Realpolitik) el verdadero motivo por el cuál el gobierno cosechó tantas adhesiones para embarcarse en este proyecto, por supuesto, la Coparticipación. El escrito indica específicamente el "grave ataque que los mencionados magistrados han asestado al sistema federal de nuestro país, al dictar una arbitraria sentencia que pone en jaque la repartición federal de los recursos que integran el erario público nacional, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre éstas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Todo esto, sin si quiera brindar gran relevancia al escándalo relativo a los los chats de Silvio Robles, estrecho colaborador de Rosatti, con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, el cual provocó la salida no forzada del mismo para enfrentar un eventual procedimiento judicial, al cual el texto incluso hace una mención superficial.

La tensa reacción de Juntos por el Cambio

Dese luego que JxC rechazó casi de forma inmediata el pedido de juicio político  y lo considerarlo una "maniobra desesperada" que se enmarca en "un nuevo ataque" contra la Justicia, a través de un comunicado que señala que el Gobierno "pretende amedrentar y socavar a los poderes del Estado". "Así como no pudieron con la reforma judicial, la Procuración General y la ampliación de la Corte a 25 miembros, esta vez tampoco podrán", advirtió la principal coalición opositora. 

Si bien la coalición, virtualmente desunida para las elecciones, aprovecha estas situaciones para poder mostrar fortaleza, la realidad es que a su interior existen opiniones muy dispares sobre cómo construir su relación con el oficialismo. "En un país donde lo único que crece es la inflación, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y donde la calidad educativa se degrada día a día, el único objetivo que los desvela un 1 de enero es tener una Justicia sometida", remarcaron en el texto, sin dar a conocer ninguna acción concreta, sólo el tácito acuerdo de no presentarse a las sesión que trate el proyecto, o votar de forma negativa, lo cual será seguramente el desenlace final de este conflicto político.

¿Qué pasa con la interna "no oficial"?