Justicia y seguridad ¿Eje de la campaña electoral?

En medio de la vorágine que causa un año de elecciones presidenciales como lo es el 2023, y más aun con una diversidad de propuestas e internas que hasta ahora se vienen presentando, es natural que algunas de las causas judiciales que implican a funcionarios de renombre se cuelen en la campaña electoral.

Desde luego que nos referimos en particular a la famosa "Causa Vialidad", y al fallo del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, señalando a la Ex Presidenta como "la principal responsable de un sistema que adjudicaba obras públicas al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz", cuestión que en rigor, no tendría pruebas reales para sustentarla.

La delgada línea entre lo político y lo judicial

La novedad, previsible desde hacer tiempo, es que se dieron a conocer en detalle los fundamentos de ese fallo, el cual (según señala la defensa) no tendría pruebas que vinculen directamente a la mandataria con el empresario Báez. Por supuesto que los fundamentos llevan la firma del juez Rodrigo Giménez Uriburu, quien mantuvo vínculos probados con el fiscal Diego Luciani (con quien jugaba al fútbol en la quinta del expresidente Mauricio Macri) y por Jorge Gorini, quien mantuvo reiteradas reuniones con Patricia Bullrich, cuando ejercía ministra de Seguridad. Todas las recusaciones, rechazadas.

En resumen ¿Cuáles fueron los fundamentos del Fallo?. Por un lado, el Tribunal descartó la figura de la asociación ilícita, ya que la fiscalía no presentó pruebas suficientes pero, llamativamente, del peritaje sobre 51 obras llevadas adelante por la empresa de Báez, donde se ordenó la detención de 5 de ellas, el TOF sólamente citó 3 casos, dejando afuera los dos restantes sin razón aparente.

Por otro lado, se argumenta que entre 2003 y 2015 hubo "manifiesta connivencia y protección de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Báez", cuando es de público conocimiento que cada organismo estatal está bajo la órbita de un Ministerio, por el cual cada Ministro debe responder, en tanto es responsable político.

Lawfare: una nueva irrupción del poder real

Por algún motivo el Tribunal en cuestión hizo hincapié en que "no existe especulación electoral en su fallo", basándose únicamente en que las acusaciones sobre proscripción son “un cliché de todo ex o actual funcionario público imputado en una causa penal”. Los magistrados consideran en su fundamentación que Cristina Fernández realizó “una defensa mediática y extrajudicial", aun habiendo probado la relación directa entre uno de ellos, el fiscal que lleva la causa, y ex funcionarios de Juntos por el Cambio, la principal fuerza opositora actualmente.

¿Cómo continúa la causa? En esta instancia, el fallo es apelable ante la Cámara Federal de Casación Penal y, eventualmente, también ante la Corte Suprema de Justicia, por lo tanto, se considera que el fallo de TOF 2 aún no tiene fuerza de "cosa juzgada".

¿La lucha contra el Narcotráfico se filtra en la Campaña Electoral?

El envío de efectivos hacia Rosario de parte del Gobierno nacional se concretó con el desembarco de 400 Policías Federales, anunciado por el presidente Alberto Fernández para combatir la avanzada de criminalidad y violencia protagonizada por las conocidas bandas Narcotraficantes de la zona. Sin duda es un tema candente que ya tiene su repercusión en la campaña electoral.

“Es imperioso que nos metamos en cada lugar y lleguemos al hueso”, dijo el Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, tras sus confusas declaraciones anteriores. Sucede que, con el refuerzo, la ciudad contaría con alrededor de 1.400 efectivos, más el apoyo logístico del Ejército para la urbanización de los barrios populares; a estas medidas, se le suman una nueva delegación regional de la Unidad de Información Financiera (UIF), para investigar lo que se cree que serían lavado de activos provenientes de la narcodelincuencia, mediante la creación de Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS).

El Senador del Frente de Todos, y ex Secretario de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parilli, dijo abiertamente que tras la creación de las S.A.S. en el año 2017, en base a una Ley por parte del Gobierno de Cambiemos, la famosa banda "Los Monos" utilizó como pantalla el ‘apoyo al capital emprendedor' para lavar activos. "...Crearon 40 SAS desde las cuales emitieron más de 12.000 facturas truchas, evadieron impuestos por $1.200 millones y blanquearon el dinero obtenido del narcotráfico”.

Por su parte, el ahora precandidato presidencial y jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cruzó a Aníbal Fernández dirigiendo su mensaje hacia la ciudadanía de Rosario: "... no crean lo que dijo Aníbal Fernández que perdimos la batalla contra la droga, no es cierto. Siempre se puede dar”, resaltó, sin ninguna propuesta en concreto.

Pero quien más se despegó de Alberto Fernández fue sin duda Sergio Berni, actual Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (quien protagonizó varios cruces con el gobernador, Axel Kiciloff); "Tenemos problemas muy graves en materia de narcotráfico. Problemas que la legislación y justicia vigente todavía no logran resolver, pero que no son exclusivamente de Rosario. En la Argentina y el mundo el narcotráfico es un problema de escala global", y retrucó "no ganaron para nada los narcos".

¿Qué acciones concretas existen?. Por lo pronto, un plenario de las Comisiones de Justicia y Legislación Penal de la Cámara de Diputados emitió ya un dictamen favorable para un proyecto que apunta a proveer a la justicia penal de la provincia de Santa Fe mejores herramientas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Los senadores Santafesinos pidieron al Procurador General la creación de una Unidad Fiscal especializada en narcocriminalidad a cargo “de las causas más relevantes” de la ciudad.

El oficialismo y las posturas disidentes