El Gobierno de Javier Milei enfrenta una derrota política al retirar la Ley Ómnibus del Congreso, evitando una votación desfavorable en el capítulo de privatizaciones. Este hecho histórico genera tensiones internas en La Libertad Avanza y críticas a los gobernadores aliados. Mientras el presidente arremete desde Israel con insultos y amenazas, la eliminación de subsidios al transporte en provincias, liberando precios y eliminando el Fondo Compensador del Interior, impacta en ciudades como Córdoba y Santa Fe. Las empresas fijarán libremente tarifas, afectando a millones de usuarios, y los intendentes anticipan revisión y medidas judiciales. La retirada de la ley marca un nuevo escenario político y profundiza divisiones en el Congreso y desafíos cruciales para el Gobierno y sus aliados.
Política08 de febrero de 2024
Max Bustos
El Gobierno de Javier Milei experimenta un revés político significativo al retirar la Ley Ómnibus del Congreso ante la inminente derrota en la votación del capítulo de privatizaciones. La decisión fue tomada durante un cuarto intermedio por el asesor Santiago Caputo, y ha generado una serie de tensiones internas en La Libertad Avanza y duras críticas a los gobernadores aliados. A la par, diputados del mismo bloque presentan una iniciativa para derogar el Aborto Legal, en un franco cortocircuito de comunicación y versiones encontradas que dejó al oficialismo con varios frentes abiertos.
Mientras tanto el presidente, que decidió estar de gira en Israel en medio de la reñida votación, arremete con insultos y amenazas contra gobernadores y legisladores, y da la orden a su gabinete de poner en marcha la vendetta personal que él mismo había adelantado: la eliminación de todos los subsidios a empresas de transporte público en provincias, liberando precios y eliminando el Fondo Compensador del Interior. Desde luego que esta medida tiene un impacto directo en ciudades como Córdoba y Santa Fe, generando preocupaciones sobre posibles aumentos de tarifas y recortes en servicios esenciales.
En el nuevo escenario, las empresas de micros y colectivos de jurisdicción nacional en provincias pueden fijar libremente las tarifas, mientras que únicamente los pasajeros que cuenten que la tarjeta SUBE, recibirán descuentos del 55%. La medida, que se aplica a nivel nacional, preocupa especialmente a Provincias como Córdoba y Santa Fe, donde se temen aumentos inmediatos y posibles recortes en frecuencias y líneas de transporte público.
Los intendentes de las ciudades afectadas, entre los que se encuentran personajes de peso en el armado político, como Passerini, Accastello, Llamosas y Javkín, expresaron su "extrema preocupación", y anticipan que solicitarán la revisión de la medida en los próximos días. Alertan sobre el impacto negativo en "millones de estudiantes, enfermeros y trabajadores" que dependen del transporte público diariamente y subrayan la inequidad al mantener los subsidios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mientras se eliminan en el interior del país.
En el ámbito legislativo, la retirada definitiva de la Ley Ómnibus constituye un hecho histórico que desata tensiones sobre todo con los aliados de LLA. Gobernadores y Diputados de Juntos por el Cambio respondieron a las acusaciones, despegándose del resultado de la desastroza sesión. Las acusaciones de traición no faltaron, especialmente en un primer momento, cuando el jefe del bloque libertario, Oscar Zago remitió nuevamente a Comisión el Proyecto de Ley. Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro de Santa Fe fueron el target principio.
Desde el punto de vista político, este episodio implica la pérdida de la aprobación en general y marca el comienzo de una nueva fase en las Cámaras del Congreso, ya que no está muy clara la correlación de fuerzas. La incertidumbre sobre el futuro de la ley y la tensión entre los bloques políticos aumentan, mientras se aguarda una respuesta concreta de los gobernadores afectados por la eliminación de subsidios al transporte. La situación actual refleja una profunda división y desafíos políticos cruciales para el Gobierno de Milei y sus aliados, marcando un hito en el actual escenario político argentino.
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En medio de una creciente tensión interna y acusaciones de corrupción, el gobierno de Javier Milei enfrenta una serie de crisis que van desde la desconfianza en sus funcionarios hasta la inestabilidad dentro de su propio bloque. Federico Sturzenegger sigue manteniendo su capital en el exterior, mientras que la ministra Sandra Pettovello es investigada por el manejo de alimentos vencidos. Además, las luchas internas dentro de La Libertad Avanza se intensifican con la formación de nuevos bloques y las acusaciones de Mauricio Macri contra Santiago Caputo y la SIDE.
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